Las disculpas de Zuckerberg

"Lo siento, no volverá a ocurrir". Las disculpas que ha ofrecido el fundador de Facebook Mark Zuckerberg en el Congreso de los EEUU por la filtración de los datos personales de 87 millones de usuarios de la red social son un acto de contricción ejemplar. Sobre todo desde la perspectiva de España, donde políticos, banqueros y empresarios acuden a las comisiones de investigación exclusivamente a abroncar a los diputados y a negar cualquier responsabilidad como han hecho Rodrigo Rato y otros tantos.

Este espectáculo mediático y representativo de la democracia estadounidense ha servido durante dos días no solo para satisfacer el ego político si no también para poner el foco en el funcionamiento del gigante de internet y su inmenso poder que emana de los 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Y es que Zuckerberg no ha acudido a responder a los senadores estadounidenses por un abuso de mercado, un agujero financiero o una operación especulativa en la bolsa. Lo ha hecho para responder ante un hecho mucho más grave y que debe preocupar y ocupar a los reguladores de EEUU y de Europa: el uso de datos para alterar la democracia en procesos como las elecciones a la Casa Blanca o la votación de 'brexit'.

El empresario no ha eludido en ningún momento su responsabilidad, lo que es de agradecer, pero tampoco ha dado explicaciones convincentes sobre cómo puede garantizar que no vuelva a producirse una filtración a gran escala. Empiezan a escucharse voces que dudan de la capacidad de Zuckerberg de ejercer un control efectivo sobre el monstruo que él mismo ha creado por la potencia que ha alcanzado. Es por eso que el revuelo mediático del escándalo debe aprovecharse ahora por parte de las administraciones para avanzar de forma coordinada en legislar sobre los grandes gigantes de internet y el uso que pueden hacer de los datos de sus usuarios.

No se trata de poner puertas al campo a la tecnología, si no de admitir que el poder de Facebook o Google son demasiado grandes como para que los poderes públicos no les pongan normas estrictas, claras y universales.