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Al contado

Imagen de una oficina de la Agencia Tributaria durante una campaña de la declaración de la renta.

EFE / PÉREZ CABEZA

Impuestos, imposición e impostura

Agustí Sala

Una gran parte de los beneficios fiscales favorecen a quienes más tienen

Veamos el diccionario. Impuesto es un «tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago». Poca bondad cabe esperar, de entrada, de una palabra que proviene de «imponer» o «imposición». En todo caso se le presupone un sentido redistributivo, es decir, de reparto de la riqueza. Y, de manera progresiva, es decir, que a mayor nivel de ingresos y renta, mayor tributación.

Ese es el principio general que cabe esperar de un sistema fiscal. Pero, ¿lo es el que tenemos? La Plataforma para una Fiscalidad Justa, que engloba a distintas organizaciones políticas, civiles y oenegés, opina que no. En concreto denuncia un claro desequilibrio en favor de los favorecidos.

Tras analizar 7.991 millones de euros de un total de 42.148 millones de beneficios fiscales estatales y autonómicos concluyen que  5.501 millones, es decir, 7 de cada 10 euros para estos fines son «discutibles tanto por su utilidad pública como por su carácter regresivo».

Parece que lo que se vende como progresivo es más bien lo contrario: beneficia más a quien más tiene. El informe, que lleva el título de 'Beneficios fiscales, ¿beneficios para quién?' destaca la opacidad en cuanto a los motivos de estas ventajas tributarias y la falta absoluta de rendición de cuentas sobre los mismos. «En gran parte de los casos, no se ha encontrado justificación ni apoyo constitucional de la finalidad pública de interés social que se quiere perseguir con la implantación de los beneficios fiscales», destaca.

Vayamos al impuesto directo más generalizado, el IRPF. En este hay 3.154 millones en beneficios fiscales que presentan un carácter regresivo y que dejan al margen a las personas no obligadas a declarar, por tanto, de rentas más bajas. Entre estos destaca la reducción de la base imponible para las aportaciones a sistemas de previsión y planes de pensiones o las deducciones para familias numerosas o con personas a cargo.

En los planes de pensiones, más de la mitad (56%) de las personas con ingresos entre 150.000 y 600.000 euros anuales se beneficiaron de esta importante ventaja fiscal, frente a solo el 4,5% de las que están entre 1.500 y 6.000; el 11,4% de las que se encuentran entre 12.000 y 21.000 o el 30,2% de las que ingresan entre 30.000 y 60.000. A mayores ingresos, más atractivo. Una gran ventaja para adinerados y un gancho comercial para las entidades financieras que venden el producto sin mucho esfuerzo.

La conclusión es que son impuestos y, por tanto, son una imposición, pero no para todos, con lo que también llevan aparejado un alto grado de impostura. Volvemos al diccionario, que nos define esta palabra: «Fingimiento engaño con apariencia de verdad». Pues eso.

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