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LA CLAVE

Innovación jurídica

Albert Sáez

La batalla político-legal frente al independentismo está generando precedentes que los partidos luego tendrán la tentación de aplicar ante cualquier otro reto político

Una abrumadora mayoría de los españoles considera que la magnitud del desafío independentista justifica casi cualquier tipo de acción dentro del Estado de derecho. De igual manera, la implicación colectiva de jueces, fiscales y policías -en tanto que representantes del Estado- les está llevando a ejecutar las medidas que tienen a su alcance sin apenas lugar para el debate o la crítica. Ante un reto excepcional, una respuesta excepcional. Esta circunstancia provoca algunas situaciones inéditas. Por ejemplo, que el juzgado número 13 de Barcelona continúe practicando todo tipo de diligencias y detenciones relacionados con una causa que el mismo juez Llarena considera que es una sola "trama" y la juez Lamela reclama que sea de su competencia. Vemos también con cierta perplejidad que la fiscalía emite notas de prensa advirtiendo a personas investigadas sobre las consecuencias de sus actos antes de que los cometan. Y hemos interiorizado que en las resoluciones judiciales se vincule la situación penitenciaria de los investigados con su condición política o con sus ideas sobre lo que se deba hacer en el Parlament de Catalunya. Nada de ello justifica los exabruptos de la corriente intransigente del independentismo que se obsesiona en convertir a España en Turquía o en ver a Franco donde no está, aunque siga estando en algunas partes.

En este serial han aparecido dos nuevos conceptos que tienen a los juristas patas arriba: "la incapacidad legal transitoria" que esgrimió el juez Llarena para denegar la asistencia de los diputados presos a la sesión constitutiva del Parlament y la falta de "libertad deambulatoria completa" que alegó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en la presentación del recurso contra la "intención" del presidente del Parlament de proponer la investidura de Puigdemont. La estrategia de la fiscalía y de la judicatura sigue alentada por la voluntad de "escarmiento" del Gobierno y de la mayoría de la opinión pública. Y en ese camino, la defensa del Estado de derecho es excesivamente lenta para los fines que se persiguen. Y así nacen los atajos que, medio plazo, pueden ser caminos a ninguna parte en cuanto ponen en jaque derechos fundamentales. Hoy de los independentistas, a los que no apoya nadie en España. Pero mañana de cualquier otro español disidente. 

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