Impuestos finalistas para la sostenibilidad de las pensiones

El Gobierno ha anunciado que en el 2018 la Seguridad Social necesitará un préstamo del Estado por valor de 15.000 millones de euros para pagar la nómina de pensiones. Con ello pone de manifiesto las grandes dificultades que atraviesa el sistema desde el 2012 y que el Gobierno ha sido incapaz de corregir en este tiempo a pesar de un intenso crecimiento económico en los tres últimos años y una evolución moderada del gasto en pensiones.

Este desequilibrio refleja, primero, los exorbitantes niveles de precariedad laboral y los efectos de una política de devaluación salarial, factores ambos para los que la reforma laboral del 2012 ha sido decisiva. Segundo, el inmovilismo del Ejecutivo respecto de una estructura financiera de la Seguridad Social en la que las cotizaciones se utilizan para financiar otro tipo de políticas (empleo) o gastos (personal) y, en cambio, no gravan los salarios por encima de 3.751 euros mensuales. Y, tercero, la necesidad de incrementar la aportación del Estado para equilibrar esa estructura financiera y garantizar su sostenibilidad.

Precisamente en relación con el fortalecimiento del sistema de financiación de las pensiones hay que situar la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de crear dos figuras impositivas sobre transacciones financieras y banca para enjugar el actual déficit y garantizar la capacidad financiera ante los retos de un escenario cercano marcado por el envejecimiento y la digitalización de la economía.

La idea merece ser seriamente considerada por varias razones. Puede desde luego considerarse un acto de justicia dado el origen financiero de la crisis económica que estalló hace una década y, sobre todo, dada la magnitud del rescate bancario que hemos sufragado todos los españoles, pensionistas incluidos. Además, nos recuerda la urgente necesidad de corregir el bajo nivel de gasto social y de presión fiscal que tiene España respecto de la media de la UE. Y, sobre todo, sirve para defender que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible si logramos reordenar las fuentes de financiación a través de una mayor implicación directa del Estado, como sucede en Francia o Alemania. En este sentido, el carácter finalista de estos impuestos constituye la expresión de un sólido compromiso político con el sistema público de pensiones.