Opinión | Editorial
Punto de inflexión en el peor momento
Las críticas al incremento de tarifas del transporte público deberían extenderse a los problemas estructurales
El precio del transporte público en el área metropolitana de Barcelona subirá una media del 2% en el 2018. Se pone fin de esta manera a un periodo de congelación e incluso de reducción de algunas tarifas durante los momentos más álgidos de la crisis económica. Algunas bonificaciones sociales para desempleados y para jóvenes se han salvado, pero ni el Ayuntamiento ni la Generalitat pueden seguir incrementando su aportación que en los últimos años ha crecido como consecuencia de una congelación de los precios que ha coincidido con el incremento de algunos costes, vinculados tanto a mejoras salariales como del servicio.
Este punto de inflexión se produce en el peor momento, cuando la tímida recuperación económica está amenazada por las aventuras unilateralistas del anterior Gobierno de la Generalitat y cuando la ciudad pasa por una de sus crisis cíclicas de contaminación que obliga a reducir el transporte privado, a veces incluso con medidas drásticas de limitación de la circulación. La decisión se toma, además, en un momento excepcional en la Administración autonómica, sin margen de maniobra para incrementar su aportación como ocurrió justo hace un año.
A la oposición le ha faltado tiempo para lanzarse a la yugular de la alcaldesa, Ada Colau y de su equipo de gobierno en minoría. Ciertamente, Barcelona en Comú hizo de la congelación tarifaria una de sus banderas electorales y de sus primeros meses de gestión. Pero los mismos que les critican deberían igualmente reconocer que los gestores de TMB han mantenido en estos años la alta calidad del servicio y han soportado la presión sindical en un largo conflicto laboral igualmente azuzado desde la oposición municipal. Tan o más incongruente que aceptar ahora una subida fue reclamar que se atendieran las demandas de los trabajadores para luego criticar su impacto en la gestión de las compañías.
Con todo, hay problemas estructurales de fondo que, una vez perdida la bisoñez por todas partes, es el momento de afrontar: el Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones con el transporte metropolitano de Barcelona, entre otras muchas cosas por razones medioambientales; los billetes sencillos deberían posiblemente encarecerse y , en cambio, se debería primar el uso intensivo a través de la aplazada T-Mobilitat.
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