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Elecciones catalanas

Observadores, ¿garantías de todos?

Sonia Andolz

El Gobierno haría bien en no ver la presencia de controladores internacionales el 21-D como una ofensa o la aceptación de algo erróneo sino todo lo contrario

Nada es normal en las próximas elecciones del 21 de diciembre. La convocatoria la hizo el presidente del Gobierno tras la entrada en vigor de los mecanismos de control amparados bajo el artículo 155 de la Constitución española. Algunos de los candidatos están en prisión acatando una medida de prevención totalmente desproporcionada y otros se encuentran en Bruselas desde donde la distancia que les separa con la realidad del día a día crece sin prisa, pero sin pausa.

Puesto que estas elecciones se plantean como la solución al conflicto, es necesario y no solo deseable infundir confianza, reducir las tensiones sociales y disponer de cuantas más garantías sea posible para garantizar que no haya una sola duda sobre el proceso electoral y sus resultados. Una de estas medidas (no la única, en ningún caso) es la observación electoral.

Las misiones internacionales de observación electoral (MOE) están pensadas para acompañar a países en proceso de transición democrática o en situaciones políticas complejas. Estas organizaciones analizan dos ámbitos: el escenario electoral (campaña, ambiente previo y acceso a participación) y el proceso en sí (el día de las elecciones), nunca los resultados. Por ello, las misiones se dividen entre los observadores de larga y corta duración y ambos informes equilibran posibles sesgos.

Dudas independentistas

España, como miembro de la UE, queda fuera de esa obligación tácita de someterse a observación externa. Las jornadas electorales cuentan siempre con interventores y las organizaciones no gubernamentales que lo desean pueden acreditarse para ello. En esta ocasión, han surgido varias voces desde el sector independentista poniendo en duda la imparcialidad del proceso y, especialmente, del recuento. El propio sistema electoral, que asigna por sorteo los ciudadanos que formarán parte de las mesas, permite el seguimiento hasta la oficina central para el recuento, y asegura que todos los pasos de la jornada son públicos y visibles, es la mayor garantía democrática.

No es habitual que estados democráticos soliciten la presencia de observadores. De hecho, los estados suelen ser reticentes. Podría darse el caso a instancias de una organización electoral como la OSCE, por ejemplo, pero es remotamente posible puesto que el principal órgano de decisión de esta es la asamblea de parlamentarios y es poco probable que diputados de otros países acepten 'humillar' así a otro estado miembro.

Ahora bien, ante críticas de posible interferencia y ante el surgimiento de iniciativas 'ad hoc' poco conocidas y establecidas, el Gobierno haría bien en no ver la presencia de observadores internacionales como una ofensa o la aceptación de algo erróneo sino todo lo contrario: en España los procesos electorales cuentan con todas las garantías y no hay nada que esconder. Despejar cualquier atisbo de duda es a favor de todos, empezando por el Estado, y contribuiría a no encender aún más los ánimos y a validar los resultados finales

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