Editorial

La factura de la secesión

La salida del Banc Sabadell es el primer caso del enorme precio a pagar por la inestabilidad política en Catalunya

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Edificio corporativo de Banc Sabadell en Sant Cugat.

Edificio corporativo de Banc Sabadell en Sant Cugat. / ALBERT GEA

Tras caer de forma considerable en la bolsa durante esta semana, el consejo de administración del Banc Sabadell tomó ayer la decisión de trasladar la sede social a Alicante, en un movimiento que la entidad financiera atribuye al momento de incertidumbre política que se vive en Catalunya. La decisión del Banc Sabadell llega después de que otra empresa, Oryzon, decidiese llevar su domicilio social de Cornellà a Madrid. Hoy, el consejo de administración de CaixaBank se reunirá para decidir el cambio de sede ante la posibilidad de una declaración unilateral de independencia (DUI). También hoy el Consejo de Ministros estudiará un decreto ley que haría posible la salida exprés de empresas de Catalunya sin necesidad de que organicen una junta de accionistas, una fórmula con la que el Ejecutivo busca preservar la estabilidad del sistema financiero y demuestra el impacto que tiene sobre las empresas la crisis de Estado. La caída en la bolsa, que sufren otras entidades bancarias y empresas catalanas, explica esta decisión, porque hablar ahora de que los bancos temen perder el paraguas del Banco Central Europeo en una Catalunya independiente fuera del euro es ciertamente muy prematuro, incluso aunque el lunes el bloque independentista impulse una declaración unilateral.

A efectos prácticos, la decisión de trasladar la sede (si no va acompañada de desinversiones) tiene solo consecuencias fiscales, pero supone la plasmación de la onerosa factura económica de la independencia. El mensaje que envían los bancos y las empresas  puede hacer que aumente el castigo bursátil a otras entidades. Y crea una sensación de gran intranquilidad entre la ciudadanía.

Son razones imperiosas para poner fin a la inestabilidad y tranquilizar a los mercados y los ahorradores. No solo están en juego la convivencia y el autogobierno de Catalunya, sino también la economía en un momento en que el país aún no se ha recuperado de la dura crisis de los últimos años. Es de ilusos o de irresponsables pretender (como todavía hacía ayer el 'conseller' de Economia, Oriol Junqueras) que la inestabilidad política no afectará a la economía. El Banc Sabadell y Oryzon no serán los últimos que prefieran tomar decisiones impensables antes que arriesgarse a la inestabilidad y la arbitrariedad legal. Lo impensable está sucediendo, y es una pésima noticia.