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Al contrataque

Ruth Ortiz y las mujeres que han vivido infiernos como el suyo merecen volver a estar en el centro de nuestra mirada


Mantuvo la mirada alta durante toda la sesión. Ha vivido tanto, en tan poco tiempo, que las huellas permanecen en su rostro. En sus ojos se puede leer e intuir un pasado reciente que no va a dejar de torturarla nunca. Pero ayer levemente volvió a sonreír. La vimos sentada en la tribuna de invitados. La vimos emocionarse. Ruth Ortiz es la mamá de José y de Ruth, los dos pequeños asesinados por su padre, José Bretón, hace ya casi seis años. Esta semana ha presenciado en el Congreso la votación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una sesión diferente porque ha sido de las pocas veces que casi todos los partidos han aparcado sus diferencias para priorizar a las víctimas y las potenciales víctimas.

Ruth se emocionó, porque ese pacto reconoce por primera vez que las madres de niños asesinados también son víctimas de la violencia machista. Era muy obvio, pero hasta la votación del Congreso, gracias a un voto particular del PSOE, no se las reconocía. Y el caso de Ruth no es único, desgraciadamente. Los datos que manejan los socialistas y la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas apuntan a que 44 menores han sido asesinados en la última década por las parejas o exparejas de sus madres, y 26 de ellos lo fueron durante el régimen de visitas (según estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad son seis en lo que va de año. Incluso aunque fuera así ya serían muchos). Como explica Ruth, «no hay mayor maltrato que alguien puede hacer que matar a tus hijos. Y los maltratadores lo saben, saben que matando a tus hijos te hacen un daño que te dura de por vida». El pacto incluye, por cierto, también una mención a los campos de fútbol. Se multará a los clubs que permitan en los partidos la apología de la violencia de género.

Efecto dentro de dos meses

El acuerdo tendría que empezar a tener efecto en dos meses. El contenido total deberá ser aplicado por administraciones regionales, locales y funcionarios judiciales. Un total de 213 medidas que antes de que acabe el año 2017 deberían poder beneficiar a quien lo necesite. El problema es que su presupuesto (mil millones para cinco años) está paralizado a la espera de la aprobación de las cuentas generales del Estado. Quizá con todo lo que está pasando estos días (y es relevante, sin duda) nos hemos dejado algunas cosas que también son importantes. Ruth y las mujeres que han vivido infiernos como el suyo merecen volver a estar en el centro de nuestra mirada. Y la mejor manera de conseguirlo es exigir a los partidos y las administraciones que apliquen lo que han votado cuando antes. 

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