LA CLAVE
Mal de altura ante el 1-O
Que el 1-O degenerase en disturbios dañaría tanto la imagen exterior de la causa independentista como la de España ante sus socios europeos
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ERIC HERNÀNDEZ
En estos tiempos de furia y redoble de tambores, quien otee el lóbrego horizonte en busca de destellos de esperanza será tachado de voluntarista o iluso. Para conjurar ese riesgo, nos limitaremos a enunciar una hipótesis que explique las decisiones que toman estos días los cuarteles generales del independentismo y del Estado.
El Govern de Carles Puigdemont ya reconoce en privado --y apenas oculta en público-- que el referéndum vinculante prometido para el 1-O no podrá celebrarse. Se impone, aplastante, la lógica del Estado de derecho: aun con censo ilegal, urnas prestadas y papeletas clandestinas, precintados por orden judicial --y bajo custodia de los Mossos-- numerosos colegios electorales ya no se sostiene ni una mínima apariencia de normalidad democrática.
Pero una cosa es asumir la inviabilidad del referéndum y otra la humillación de desconvocarlo, con el consiguiente efecto desmovilizador. Es preciso demostrar que Catalunya ha llegado más lejos que nunca en el afán de decidir su futuro. Urnas en la calle e inacabables colas ante colegios clausurados, instantáneas intangibles pero muy efectistas, sustituirán en el imaginario independentista a la icónica proclamación de la victoria del ‘sí’.
POLICÍAS CONTRA VOTANTES
Cuenta el independentismo entre sus virtudes con el civismo, inmaculada pátina que cualquier brote de violencia embarraría. De ahí que las entidades soberanistas aleccionen a sus afiliados contra las algaradas, aunque ningún movimiento de masas esté a salvo de descerebrados (ni de infiltrados). Como reconoce la jefatura de los Mossos, el cerco policial al 1-O dictado por el fiscal --apartado del operativo por la juez, que ha relajado sus instrucciones-- amenaza con “alterar el orden público”. Un escenario también letal para el Gobierno español: la estampa de la policía reprimiendo a votantes haría saltar las alarmas europeas.
En ese mal de altura compartido se enmarca el deshielo escenificado por Gobierno y Generalitat en la precipitada Junta de Seguridad. Donde, conciliador, el emisario de Mariano Rajoy deseó un 1-O “festivo” y el ‘conseller’ Joaquim Forn llamó a “salvaguardar la convivencia”.
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