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El inicio del curso

Libros de texto y lobis

Lucía Etxebarria

Las principales editoriales reciben ayudas públicas indirectas


Soy la pequeña de siete hermanos y pertenezco a aquella generación que utilizó libros heredados. Estudié con libros usados. No se me caen los anillos, ni aprendí menos. En el antiguo BUP estudié sin libros de texto, en el colegio Montserrat. La metodología pedagógica nos obligaba a los alumnos a buscar los conocimientos por nuestra cuenta y a hacer trabajos. Y formaba a alumnos muy preparados: Pablo Iglesias, sin ir más lejos.

Existiendo internet, se diría que eso tendría que ser a día de hoy mucho más fácil. Pero no: ahora los niños deben estudiar con libros, y un niño cuyo hermano mayor le saque tres años no puede heredar sus libros. Las tácticas utilizadas para favorecer tamaño despilfarro son numerosas: unas veces, el propio libro funciona como cuadernos en los que se escriben los ejercicios y no es reutilizable. Otras, de un año a otro la editorial cambia el libro, a veces de forma artera y sospechosa: los temas son iguales pero se cambia el orden, algún pequeño texto y el enunciado de unos ejercicios que, en realidad, son los mismos. Y en otras es el ministro de turno el que cambia la ley.

Entre 215 y 230 euros por hijo

Imaginemos que los dos padres de la familia Pérez trabajan y que entre los dos ganan 2.000 euros. Y que tienen dos hijos. Según la OCU, cada curso los padres tienen que desembolsar entre 215 y 230 euros por hijo/alumno. Yo he tenido que pagar 243 euros (y mi hija no va a un colegio privado). Y luego llega el material escolar: folios, bolígrafos, lápices, grapadora, pegamento, tijeras, gomas, sacapuntas, carpetas, rotuladores, reglas, estuches, compases, ceras, cuadernos de espiral… y la mochila. Todo al 21% de IVA. Como los yates. Incluso reutilizando material de años pasados, la broma no baja de 50 euros. Los Pérez se van a gastar 600 euros este año, porque esta familia no tiene derecho a ayuda. Sin embargo, la Junta de Andalucía compra los libros y se los facilita a los alumnos. Lo que supone un agravio comparativo para las demás comunidades. Sobre todo Madrid y Catalunya, las dos comunidades en las que los libros salen más caros.

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La exigencia de adquirir libros de texto es contraria al artículo 27.4 de la Constitución, que impide todo copago en la educación básica. Interesa resaltarlo, porque la enseñanza es el único derecho fundamental que la Constitución garantiza directamente de forma gratuita. Pero casi nunca se menciona este pequeño detalle. Quizá sea –llámenme mal pensada– porque nadie parece querer enfadar a un sector editorial con nutridas relaciones con los medios de comunicación. Y es que en España las principales editoriales forman un poderoso lobi y cuentan con que sus libros serán comprados. Reciben, por tanto, una ayuda indirecta por parte de las Administraciones públicas que merecería un estudio específico desde la perspectiva de la competencia y el régimen europeo de ayudas de Estado.

Tema que, por supuesto, tampoco se menciona casi nunca.

¿Por qué será? Llámenme mal pensada… 
 

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