Urnas que hablan sin votos

Lo que en otro momento habría sido un simple trámite administrativo que no habría salido en los periódicos ni en forma de breve en página izquierda, en la situación de excepcionalidad política que vivimos se ha convertido en noticia de portada: el Govern de la Generalitat inicia los trámites administrativos para comprar 8.000 urnas.

Tiene la competencia para hacerlo, de hecho lo podría haber hecho mucho antes, pero que la Generalitat lo haga ahora es una decisión con una altísima carga política y simbólica y lleva implícitos muchos mensajes simultáneos que han provocado una gran onda expansiva mucho más allá del DOGC. Sí, es así: por primera vez es importante leer los mensajes que llevan las urnas antes y no después de una votación.

Y el primer mensaje de estas 8.000 urnas es que lo del referéndum va en serio, que el Gobierno está decidido a cumplir con su compromiso, está dispuesto a asumir las consecuencias y a hacerlo colegiadamente. El referéndum sale de los despachos y pone en marcha su engranaje con una primera concreción que dará paso al resto de preparativos. Esto deja sin argumentos a quienes pensaban que Puigdemont y Junqueras iban de farol y a los que confiaban en que la división interna dentro de Junts pel Sí paralizaría el proceso. Ni una cosa ni la otra.

NO SERÁ UN NUEVO 9-N

Empezar esta operación tan compleja logística y políticamente por la compra de urnas es, también, un gesto de alto carácter simbólico. Porque las urnas ya son, en sí mismas, el símbolo de la democracia, pero también por el tipo de urnas que se compran: de metacrilato y no de cartón, para hacer notorio que la votación de septiembre no será un nuevo proceso participativo como el 9-N sino una votación con el mismo censo, colegios electorales y condiciones que tienen el resto de convocatorias electorales, incluido su carácter vinculante. Es decir, que será de verdad.

Y finalmente, las urnas no llevan implícito sólo un mensaje dirigido a la sociedad catalana sino también al gobierno español: ni la persecución judicial, ni las inhabilitaciones ni las sentencias del Tribunal Constitucional tumbando los presupuestos pueden impedir que el Govern haga lo que cree que debe hacer. Aunque tener urnas no es ningún delito -de hecho Andalucía las tiene desde el año 2000- este viernes el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ya se ha apresurado a decir que la Fiscalía intervendrá "sin ningún tipo de duda "si esto sale adelante, y no se ha ahorrado amenazas indirectas a las potenciales empresas proveedoras. Los representantes catalanes del PP y C’s también se han apuntado a la fiesta persecutoria.

Ante este panorama lo que debería ser noticia no es que la Generalitat compre urnas, sino que el representante político que firme la orden de la compra se enfrentará a posibles represalias judiciales, condenas e inhabilitaciones. Una noticia triste y difícil de entender para cualquier demócrata, sea de donde sea.