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Editorial

Atrapados en el Castor

La decisión de no vaciarel depósito submarino de gas por el riesgo de nuevos movimientos sísmicos seguramente es la indicada técnicamente, pero reaviva el dolor de las heridas profundas

El escandaloso suceso del depósito submarino de gas Castor –frente a la costa de Vinaròs– suma un nuevo capítulo con un informe del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts que aconseja no desmantelarlo por el riesgo de que aumenten los seísmos en la zona. Es un paso más de una historia que parece más fruto de una febril imaginación que del rigor exigible a un Estado moderno. Concebido para almacenar grandes cantidades de combustible y esquivar su encarecimiento súbito, las operaciones de llenado del almacén se suspendieron en el 2013 después de comprobarse su relación de causa-efecto con cerca de mil seísmos en el norte de Castellón y el sur de Tarragona. Si eso ya fue suficiente para el asombro de la ciudadanía por la frivolidad técnica con la que se afrontó el proyecto, luego vino el estupor al saberse que el Estado iba a indemnizar con 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria. La sensación de estafa –legal, por supuesto– cundió entre los españoles, que pagarán durante 30 años esta indemnización mediante la factura del gas. Un auténtico escándalo que no ha costado la cabeza de ningún cargo público: el ministro que autorizó la compensación, José Manuel Soria, dejó el Gobierno tres años después, pero por eludir sus obligaciones fiscales. La decisión de no vaciar –al menos, de momento– el Castor por el riesgo de nuevos movimientos sísmicos seguramente es la indicada técnicamente, pero reaviva el dolor de las heridas profundas.

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