Referéndum: guía para funcionarios
Un puñado de voluntarios alcanzan para montar otro 9-N, pero el prometido referéndum obligaría a poner en peligro a muchos empleados públicos
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
La última providencia del Tribunal ConstitucionalTribunal Constitucional abre una nueva fase en la batalla previa a la celebración (o no) del referéndum independentista. Porque, por mucho que Carles Puigdemont insista en que Catalunya transitará de la autonomía a la secesión sin dar saltos al vacío, "de la ley a la ley", el escrito de advertencia del alto tribunal pone de relieve lo obvio: que una cosa es firmar la convocatoria del referéndum, un minuto después de aprobarse las leyes de desconexión y un minuto antes de que sean suspendidas, y otra muy distinta desarrollar los preparativos de la votación, que por fuerza deben iniciarse con antelación y bajo la vigente legislación española.
A demanda del Gobierno, y para evitar la supuesta parquedad esgrimida por Artur Mas para negar el delito de desobediencia en el juicio del 9-N, el Constitucional advierte ahora a todos los miembros del Govern --políticos profesionales-- y a cinco altos cargos --incluidas tres funcionarias de carrera-- de las "responsabilidades penales" que afrontarían de impulsar el referéndum.
Tras recibir este escrito, todos ellos y los trabajadores a su cargo tienen prohibido "iniciar, tramitar o dictar acuerdo alguno" que destine al referéndum cualquier partida presupuestaria, sean las suspendidas o cualesquiera otras. Se expondrían, de hacerlo, a ser condenados por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos: fuertes multas, penas de cárcel y hasta 25 años de inhabilitación. Es decir, la pérdida del empleo.
EL LÍMITE DE LA FICCIÓN
Hasta la ANC y el sindicato independentista CSC admiten, en una guía para funcionarios afines, que incurrirán en desobediencia de negarse "claramente a cumplir una orden (...) válidamente notificada". Y el CSIF ha animado a los empleados públicos a pedir las órdenes por escrito y a denunciarlas si son ilegales.
Con un puñado de patrióticos voluntarios es posible montar otro 9-N, pero el referéndum prometido expondría a centenares de funcionarios que, voten como voten, no tienen por qué verse forzados a arriesgar su futuro. Toda ficción, también en política, debe tener un límite.
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