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LA RUEDA

Martirologio 'low cost'

Joaquim Coll

El Gobierno no quiere ejercer de poder ejecutivo por miedo a las críticas e intenta descargar en la Justicia esta tarea

Hace unos días escuchábamos decir que el informe de la Comisión de Venecia sobre la reforma del TC suponía un tremendo rapapolvo para el Gobierno de Mariano Rajoy. El mensaje que los políticos soberanistas difundían con éxito es que Europa denunciaba la forma antidemocrática en que el Estado español está intentando imponer a las instituciones catalanas el cumplimiento del orden constitucional. Una vez leído el informe íntegro resulta que dice todo lo contrario. Nuevamente, como en tantos otros temas, el separatismo demuestra ser un alumno aventajado de la posverdad. En realidad, quienes salen malparados son aquellos responsables públicos que no quieren cumplir las leyes. Este organismo que asesora al Consejo de Europa sostiene, en esencia, tres cosas: 1. las sentencias y órdenes del TC son de inexcusable cumplimiento; 2. quien no las acate ha de ser forzado a hacerlo; y 3. para imponer su autoridad el TC tiene que apoyarse en otros organismos del Estado y pedir su colaboración. 

Lo único que cuestiona, acertadamente, es que la ejecución forzosa de las sentencias recaiga en el mismo tribunal que las dictamina. La reforma que impulsó en solitario el PP fue electoralista, carente de sentido de Estado, efectuada a las puertas de las autonómicas del 2015, y dio atribuciones coercitivas al TC con el fin de garantizar la efectividad de las resoluciones tras la amarga experiencia del 9-N

El problema de fondo es que el Gobierno no ha querido hacer de poder ejecutivo, por miedo a las críticas, y ha intentado descargar en el TC ese cometido. En Austria, por ejemplo, el presidente federal puede desplegar el ejército para tal fin. Aquí los poderes del Estado están actuando de forma cautelosa ante la desobediencia manifiesta de los políticos separatistas. La prudencia, de entrada, siempre es buena consejera frente a quien buscar provocar. Otra prueba de ello es la sentencia indulgente contra Artur Mas por el 9-N. El TSJC ha hecho un esfuerzo notorio por dejar las penas en el mínimo. El 'expresident' querrá lucir martirologio, pero es de 'low cost'.

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