25 sep 2020

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la justicia y la impunidad

La alcaldesa Ada Colau y el teniente de alcalde Jaume Asens  junto a David Bondia, del Institut de defensa del drets humans de Catalunya, y tres de las hermanas de Salvador Puig Antich.

DANNY CAMINAL

Núremberg y Puig Antich

Jaume Asens

Los 43 años transcurridos no debilitan la reivindicación de que se juzgue a los autores del juicio-asesinato

Hay víctimas que, hasta que no se les haga justicia, nos interpelan y se hacen actuales. Eso es lo que sucede con el joven barcelonés Salvador Puig Antich. Como tantos otros asesinados, torturados o desaparecidos por el régimen franquista, su recuerdo sigue presente pese al paso del tiempo. Cuarenta y tres años después, la impunidad de aquel crimen atroz nos convierte inevitablemente en cómplices del momento en que su vida se dislocó en el garrote vil. De ahí que hayamos decidido llevar su caso a los tribunales

La muerte de Puig Antich fue un asesinato político. Un acto de venganza tras la muerte de Carrero Blanco. Lo demuestra, por ejemplo, el siniestro método de ajusticiamiento medieval utilizado. Era un mensaje de inclemencia de un régimen agonizante que se sentía vulnerable. Otra prueba de ello fue la farsa judicial que le llevó al patíbulo. No tuvo derecho a ningún juicio justo, equitativo, independiente, imparcial o con garantías procesales. Cuatro miembros del consejo de guerra fueron escogidos por su "rectitud patriótica" entre "capitanes resolutivos" y sin ninguna formación jurídica. El quinto militar, Carlos Rey, sí era jurista. Contra él se dirigirá la querella. Fue quien llevó la voz cantante y redactó la sentencia de muerte. A resultas de ello, está imputado en un juzgado argentino y pesa sobre él una orden internacional de búsqueda y captura. En una reciente entrevista, afirmó sin atisbos de arrepentimiento que hizo "lo que tenía que hacer". 

Las entidades memorialistas y de derechos humanos han encontrado en esa red municipal un nuevo aliado para romper el candado de la impunidad

MEMORIA HISTÓRICA

Este tipo de alegatos son incompatibles con los derechos humanos. Y nos remiten a la trágica experiencia del nazismo. Las condenas de Núremberg establecían que la actuación de fiscales y jueces nazis podía ser legal a la luz del propio sistema jurídico alemán, pero no del derecho internacional. Un argumento que vale para los consejos de guerra franquistas, como el de Puig Antich, declarados ilegítimos por la propia ley de memoria histórica.

Con la intención de levantar un nunca más como imperativo categórico, el Tribunal de Estrasburgo ha tratado esas actuaciones no como actos de derecho sino de barbarie. Hay crímenes que, por su crueldad, no prescriben ni admiten inmunidad. Que no solo ofenden a quien los sufre sino también al mundo entero. Y precisamente por eso, independientemente de quien sea su autor y donde se hayan producido, pueden perseguirse desde cualquier lugar. Eso es, precisamente, lo que establece el principio de justicia universal. 

Los tribunales españoles fueron, de hecho, pioneros en su impulso. Se invocó el recurso a la jurisdicción universal para romper la impunidad de leyes de amnistía y punto final que impedían el castigo de crímenes de lesa humanidad. Entre los casos más notorios estaban los de Chile y Argentina. La cuestión se torció, no obstante, cuando se trató limpiar los propios trapos sucios. El cierre brusco de una investigación sobre los crímenes franquistas ponía al descubierto el uso hipócrita del derecho. Las normas que no valían para los otros, entonces sí valían para uno mismo.

Se produjo, entonces, lo inesperado. La senda abierta por la jurisdicción española fue retomada en Argentina. Una querella presentada por víctimas y asociaciones permitió impulsar la investigación contra los responsables de los hechos. Entre ellos, los que presuntamente asesinaron a Puig Antich. La respuesta, no obstante, siguió siendo poco recíproca. Las autoridades españolas se negaron a dar curso a las órdenes de extradición.

UN  ALIADO MUNICIPAL

Esa política de bloqueo es, sin duda, contraria a otro principio del derecho internacional, que dice: extradita o juzga. O se investiga o se deja investigar. Con este argumento, y tras el cambio de ciclo político abierto en las pasadas elecciones municipales, ayuntamientos como Zaragoza, Cádiz, Vitoria-Gasteiz, A Coruña, Pamplona o Barcelona retoman ahora el hilo argentino para volverlo a llevar a los tribunales españoles. Las entidades memorialistas y de derechos humanos han encontrado en esa red municipal un nuevo aliado para romper el candado de la impunidad.

El tiempo transcurrido no debilita su reivindicación. Al contrario, la legitima más. A Puig Antich lo asesinó el régimen franquista, es cierto. Pero es el actual régimen surgido de la Transición el que hasta ahora no lo ha reparado. Quien busca la impunidad de ese tipo de asesinatos es tan responsable como quien los perpetuó. Las víctimas siguen siendo actuales en tanto en cuanto no se les haga justicia. No se las puede ignorar una y otra vez. Y si se hace, el eco de su voz nos perseguirá sin descanso. Como promesa de un nunca más que quiere hacerse realidad. Como irrenunciable ley de quien, en la lucha por los derechos humanos, no acepta fronteras ni mordazas. Ni pactos de silencio u olvido. Ese es, precisamente, el legado de Núremberg.