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MIRADOR

Incoherencias y dobleces

Joaquim Coll

Ningún político democrático se atrevería a burlarse en su país de los tribunales

La vista oral del juicio por el 9-N ha evidenciado todo el catálogo de incoherencias y dobleces de los que impulsaron ese extraño proceso participativo con el que se quiso llevar a cabo igualmente la consulta soberanista. La épica de la desobediencia se quedó a las puertas del Palau de Justícia el primer día porque el principal encausado, Artur Mas, afirmó esa misma mañana que “su ánimo no fue en ningún caso desobedecer”. Aquello que los independentistas coherentes esperaban del 'expresident' y sus 'conselleres' era que ninguno se presentase a la llamada del TSJC.

Si se trataba de un juicio político, como insistentemente habían denunciado, cuya sentencia “está ya redactada” o porque “España no es un Estado de derecho”, como anteayer afirmó el portavoz de JxSí, Jordi Turull, lo sorprendente es que no hayan buscado refugio en Perpinyà para solicitar la protección de un juez francés cuando la justicia española requiera su extradición. Esta es la gran incoherencia de llevar permanentemente la descalificación hasta el límite. Curiosamente, tampoco han venido observadores internacionales para vigilar la “limpieza” del proceso judicial, como también habían anunciado. Estamos ante un proceso ciertamente inédito en Europa, pero no por lo que el separatismo pregona, sino porque ningún político democrático se atrevería a burlarse en su país de los tribunales.

La defensa de los encausados ha chocado con diversos testimonios que han asegurado e incluso mostrado que el Govern prosiguió con la organización de la pseudoconsulta tras la segunda suspensión del TC, particularmente en relación a la infraestructura informática y a la entrega de las urnas y papeletas en los centros de votación. Por tanto, la estrategia de escurrir el bulto cargando la responsabilidad en los voluntarios como pretenden tanto Joana Ortega como Irene Rigau es ridícula. Más aún cuando Francesc Homs quiso recordar durante el juicio que, en tanto que portavoz del Govern, el mediodía del 4 de noviembre de 2014, afirmó en rueda de prensa que el proceso participativo suspendido seguía adelante. Así pues, si hubo delito penal, la implicación del Govern es incuestionable.

Pero por encima de las incoherencias y dobleces de los políticos soberanistas, lo más aleccionador que ha tenido este juicio ha sido escuchar la valiente actuación de Dolores Agenjo, la única directora de un centro educativo público que supo decir no a la Generalitat. En la vista quedó al descubierto la inquietante maniobra del Govern para burlar la legalidad sin cursar órdenes escritas y el sutil clima de coacción que se ejercía sobre los funcionarios que no eran adeptos.

El separatismo ha querido atribuir motivaciones políticas a su actuación, sometiéndola a un juicio paralelo, cuando eso no solo es mentira, sino que además no es lo que se juzgaba. Agenjo se explicó magníficamente ante el tribunal y supo darle la vuelta a la capciosa entrevista que Josep Cuní le hizo en 8TV. Cuando hagamos balance de estos tristes años que llevamos de 'procés', Agenjo ocupará un lugar destacado entre los demócratas.

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