Contra la estigmatización del independentismo
Al envolverse en la estelada ante los casos de corrupción, la vieja CDC siembra dudas sobre los nobles propósitos de su República catalana
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
Jamás pueden ser corruptos los ideales democráticos, como el legítimo anhelo de independencia de muchos catalanes. Pueden serlo, a título particular, quienes profesan o atizan tales sentimientos colectivos, pues ninguna ideología o creencia, tampoco la nacionalista, vacuna contra las tentaciones más viles.
Vayan por delante estas precisiones, obvias pero no ociosas, antes de abordar el revuelo político organizado en torno a la redada de la Guardia Civil contra políticos y empresarios vinculados a la presunta financiación irregular de la extinta ConvergènciaConvergència Extinta, justamente, para enterrar el tóxico legado del 'clan Pujol', pese a que, según la investigación, el modus operandi de la trama del 3% habría perdurado en el tiempo: las últimas operaciones bajo sospecha datan de fecha tan reciente como el 2015.
El Puerto de Barcelona, el túnel de Glòries, la nueva avenida del Paral.lel, carriles-bici, obras en escuelas, líneas ferroviarias... Obras mayores y menores, tanto del Govern de Artur Mas como del Ayuntamiento de Xavier Trias, en la lupa judicial por el supuesto cobro de comisiones. Y, como colofón, la detención/retención de exdirigentes de CDC como Antoni Vives Antoni Vivesy Francesc Sánchez, el extesorero Andreu Viloca o Sixte Cambra, promocionado por Mas a la presidencia del Puerto.
Idéntico respeto merece la presunción de inocencia de los investigados que la presunción de imparcialidad de los investigadores. Primero, porque la causa del 3% no nace de ningún complot antiindependentista, sino de una denuncia de ERC y las pesquisas de un juez de El Vendrell. Segundo, porque distintos escándalos de corrupción acontecieron o le estallaron a CDC mucho antes de su metamorfosis independentista: GISA, Pretoria, el Palau de la Música, el fraude confeso de Jordi Pujol, los negocios de sus vástagos... Y tercero, porque envolverse en la estelada para rehuir responsabilidades solo contribuye a estigmatizar el sentimiento independentista, compartido por cientos de miles de catalanes honestos y cabales.
Pese a la parafernalia mediática desplegada por Interior, no es ético achacar motivaciones políticas a jueces y fiscales, como hace Trias. Parangona el exalcalde esta causa con la intoxicación policial sobre su falsa cuenta en Suiza, pero olvida que la que proclamó su inocencia fue la misma Fiscalía Anticorrupción que ha instado esta última redada. Si tan partidista fuera la justicia, ¿habría imputado al PP por destruir pruebas del 'caso Gürtel' o juzgado a Luis Bárcenas y Rodrigo Rato?
EL SILENCIO DE MARTA PASCAL
Frente al elocuente (y honroso) silencio del PDECat de Marta Pascal, el victimismo de la vieja CDC siembra dudas sobre los nobles propósitos de algunos líderes del independentismo. A la espera de conocer su misterioso articulado, cabe preguntarse si, según la ley de transitoriedad, los delitos contra la hacienda española --a día de hoy, también catalana-- serían perseguidos por la justicia de una futura República o gozarían de una patriótica amnistía.
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