Droga blanda, negocio en alza

La problemática relacionada con el cannabis –desde la plantación y el consumo individual hasta el tráfico de droga a nivel internacional– se mueve desde hace años en una nebulosa que oscila entre la penalización y la tolerancia, con unos cuantos ejemplos de vacío legal que permiten la existencia de prácticas en las que se fomenta la picaresca o se vulnera la legalidad vigente. En España no está penalizado el consumo, pero la ley para la protección de la seguridad ciudadana del 2015 endureció las sanciones administrativas a los poseedores y consumidores de marihuana en la vía pública. Las plantaciones que han proliferado de manera notable en los últimos años son otro caso. Existen tiendas y negocios virtuales que venden las semillas que, con un tratamiento intensivo, pueden convertirse en poco tiempo en cogollos secos listos para el consumo. Se advierte de que es ilegal germinarlas, al mismo tiempo que se dan consejos para optimizar los resultados del cultivo. La misma ley citada –con mentalidad recaudadora y sancionadora, en detrimento de la rehabilitación– no despenaliza la plantación y el cultivo, pero incluye un artículo que especifica que la infracción administrativa se dará si se produce «a la vista del público», con lo que se genera la posibilidad de cultivar el cannabis de forma privada y para consumo personal. Este es un aspecto que genera una múltiple casuística en los tribunales y que abre la puerta –como certifica el Tema del Día del diario de hoy– a un negocio ilegal, lucrativo y con un riesgo penal menor que el de drogas consideradas duras.

El hecho de que en Catalunya se localizase en el 2016 una media mensual de una tonelada de la planta opiácea da idea de la magnitud del problema, que no ha dejado de crecer desde la detección en el 2013 de una proliferación de plantaciones caseras cuya producción se acaba vendiendo al extranjero a través de redes de narcotráfico que han preferido abocarse a la marihuana en detrimento de sustancias más perseguidas por la ley.

En paralelo, el aumento de las asociaciones cannábicas (más de 600 en la actualidad) genera un debate sobre los límites del consumo y la frontera con la legalidad. Reguladas por el Parlament para «proteger, promover y mejorar la salud de la ciudadanía mediante una política orientada a minimizar los daños del consumo de cannabis», no siempre cumplen estos requisitos.