¿Sistemas de protección social autonómicos diferentes?

El aumento excesivo de las diferencias en el alcance o eficacia de las políticas sociales entre los territorios no es deseable

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Manifestación de protesta por los recortes en sanidad y educación celebrada en Madrid en el 2014.

Manifestación de protesta por los recortes en sanidad y educación celebrada en Madrid en el 2014. / ARCHIVO / AGuSTÍN CATALÁN

En los primeros 2000, se completó el traspaso de las competencias sanitarias y educativas a las comunidades autónomas que todavía no las tenían. Desde entonces, el 90% del gasto sanitario y educativo en España lo realizan estos gobiernos. Las comunidades destinan tres cuartas partes de su presupuesto a estas políticas así como a la dependencia y servicios sociales. A pesar de que un 40% de los ciudadanos cree que la descentralización ha servido para incrementar las diferencias entre los territorios, los datos no son del todo concluyentes por lo que se refiere a las políticas sociales, ni siquiera durante la crisis.

Los sistemas de protección autonómicos siguen presentando importantes similitudes tras la descentralización, aunque también exhiben diferencias. Por ejemplo, en todas las comunidades la gestión directa por parte de la Administración pública es la mayoritaria, pero algunas apuestan más que otras por la producción privada de los servicios, como el caso catalán en sanidad o de País Vasco y Madrid en educación. Las políticas de atención a la dependencia varían muy significativamente entre las comunidades.

En algunos casos, las diferencias en estas políticas sociales son el resultado de las distintas las decisiones adoptadas por los gobiernos autonómicos una vez que asumieron las competencias (como la mayor apuesta por la producción privada en Madrid o el mayor desarrollo de la atención a la dependencia en Castilla y León); en otras ocasiones las peculiaridades de las políticas regionales hay que buscarlas antes de la descentralización (como la mayor provisión privada sanitaria catalana).

Igualmente, sabemos que los resultados de los sistemas de protección autonómicos no están solo relacionados con gestión más o menos eficaz del gobierno regional sino que, otras variables, como la estructura social históricamente existente en cada territorio, pueden explicar una parte importante de los logros en, pongamos por caso, educación.

LAS DIFERENCIAS

Por lo que se refiere a la crisis, si medimos con los mismos indicadores el alcance y funcionamiento de los sistemas de protección autonómicos, podemos ver que en el 2007 existían diferencias entre ellos. Las comunidades del norte y centro del país presentaban mejores datos que las del sur y sureste nacional. Estas diferencias entre regiones eran, sin embargo, menores en España que, por ejemplo, en Italia en la misma fecha. Si se lleva a cabo este mismo ejercicio para el 2012, a mitad de la crisis, las disparidades aumentaron en Italia mientras que permanecieron estables en España. 

Aún así, la idea de que las diferencias entre los sistemas de protección regionales no han crecido durante la crisis debe ser tomada con cautela. El ritmo de aplicación de la austeridad no ha sido igual en todas las Comunidades. Aunque entre 2007 y 2012, el gasto social autonómico ya se había reducido, muchas comunidades implementaron el grueso de sus recortes a partir del 2013 o más tarde, como Castilla-La Mancha. Además de estar entre el grupo de comunidades con peores datos respecto a su sistema de protección, fue una de las regiones que sufrió recortes más acusados. Sin embargo, el mejor pertrechado sistema asturiano, sufrió comparativamente menos durante la crisis.

MÁS TIEMPO

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Para analizar el impacto de estos recortes sociales autonómicos en la crisis y ver si realmente se consolidan, necesitamos más tiempo. Los datos disponibles ahora no permiten valorar más allá de 2013-14. La diferenciación en las políticas sociales es el resultado normal de la expresión de las preferencias de los votantes de cada comunidad.

Sin embargo, el aumento excesivo de las diferencias en el alcance o eficacia de estas políticas entre los territorios no es deseable. Sabemos que las disparidades regionales en educación por ejemplo pueden lastrar el crecimiento del país en su conjunto. Además, el agravamiento en las diferencias entre los territorios podría empeorar la confianza en una de las instituciones fundamentales para nuestra convivencia el Estado autonómico, muy afectada durante la crisis.