Cinco errores en el debate sobre pensiones
El estudio comparado de los sistemas de pensiones revela que es imprescindible incrementar sustancialmente la aportación del Estado vía impuestos equilibrando la composición de las fuentes de financiación
Borja Suárez y Antonio González
Profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid y analista de Agenda PúblicaEconomista y analista de Agenda Pública
BORJA SUÁREZ / ANTONIO GONZÁLEZ
En el debate actual sobre la viabilidad del sistema público de pensiones se está cayendo en cinco errores que se dan como verdades absolutas y que son totalmente cuestionables.
1. El envejecimiento es un obstáculo insalvable para un sistema de pensiones de reparto. La sociedad va a experimentar un importante cambio demográfico que amenaza el sistema público de pensiones basado en el compromiso intergeneracional de los trabajadores en activo con los pensionistas. Pero quizá se ha exagerado su relevancia. No puede hablarse en España de una población envejecida, pues la proporción de mayores de 64 años (18,5%) es hoy inferior a la media europea. Además, en el largo plazo el escenario no es tan catastrofista según las proyecciones de Eurostat sobre la tasa económica de dependencia, que relaciona el número de mayores de 64 años con la población activa. En fin, se olvida el potencial de medidas sobre natalidad o inmigración. El verdadero reto es la jubilación de la generación del 'baby boom' cuyos efectos se circunscriben al periodo comprendido entre la próxima década y la de los cincuenta.
2. Nuestro sistema público de pensiones no es sostenible porque gastamos demasiado. La existencia de un desfase en las cuentas de la Seguridad Social desde el 2012 lleva a pensar que el nivel de gasto en pensiones es excesivo. Pero, según Eurostat, el gasto se sitúa en el 11,8% del PIB, medio punto por debajo de la media europea. Más significativo es que Italia o Francia dediquen hoy cantidades muy superiores (15,7 y 14,9%), y no de forma coyuntural. Por tanto, el actual déficit de la Seguridad Social es consecuencia, no de un exceso de gasto, sino de una insuficiencia de ingresos provocada por la crisis y la caída de cotizantes y salarios, así como por la políticas que han priorizado la reducción del déficit público.
3. La capacidad de incrementar los ingresos del sistema es muy limitada. También se argumenta que el mantenimiento del equilibrio de la Seguridad Social pasa por la creación de empleo y con ello por una recuperación de los ingresos por cotizaciones sociales, principal fuente de financiación del sistema: no hay margen para elevar los tipos o ‘destopar’ las bases de cotización, pues lo ingresado por esta vía no puede superar el 11-12% del PIB sin afectar negativamente al nivel de empleo. Esto es discutible si atendemos a experiencias como la alemana en la que el peso de las cotizaciones es muy superior. En todo caso, el estudio comparado de los sistemas de pensiones revela que es imprescindible incrementar sustancialmente la aportación del Estado vía impuestos equilibrando la composición de las fuentes de financiación.
4. Las últimas reformas (2011 y 2013) no han servido para hacer frente a los problemas estructurales. Pese a las actuales dificultades,tal apreciación es equivocada. Los cambios paramétricos de 2011 no pretendían resolver los problemas más inmediatos, sino garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. En línea con otros países europeos, se endureció el acceso a la pensión de jubilación con el consiguiente perjuicio para la cuantía, si bien con un efecto positivo en términos de sostenibilidad: las proyecciones de gasto para el punto más crítico, 2050, lo situaban en cotas altas, pero asumibles (14% del PIB). Por otra parte, aunque la reforma de 2013 no ha servido para corregir el desequilibrio actual, sí ha de resultar muy efectiva para frenar el crecimiento del gasto en pensiones: a mitad de siglo se situaría en un nivel similar a los actuales pese a haberse casi duplicado el número de pensionistas. Lógicamente ello implica un drástico recorte de las pensiones que desfiguraría el sistema público que hoy conocemos hasta hacerlo irreconocible.
5. La actual fórmula de revalorización de las pensiones es adecuada para garantizar la sostenibilidad del sistema. Uno de los cambios introducidos en 2013 fue la conversión del mecanismo de revalorización en un instrumento de ajuste presupuestario: si la situación financiera del sistema lo permite las pensiones se revalorizan y si no quedan semicongeladas (+0,25%). Esta fórmula tiene un grave problema. Como se deduce de los cálculos de la AIREF, el incremento anual de las pensiones será sólo ese mínimo legal hasta bien entrada la próxima década. Ello supondrá una alarmante pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas que desvirtuará el derecho a la actualización de las pensiones que la Constitución reconoce. Visto este fracaso, la revisión de este mecanismo parece ineludible. Y hay que recordar que para la OCDE la revalorización de las pensiones debería alcanzar como mínimo la subida del IPC más 0,5%.
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