Un tiempo nuevo para aprovechar

Algo parece moverse en el universo del presidente Mariano Rajoy en referencia a la carpeta catalana y al debate territorial en España. La designación de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para dirigir las relaciones con las comunidades autónomas -en el horizonte de la reforma del sistema de financiación- indica el rango que ocupa este asunto en la presente legislatura y también la intención de buscar el diálogo y no la confrontación visto el talante de la vicepresidenta. En el caso de Catalunya, el nuevo delegado del Gobierno, Enric Millo, es otro síntoma en la misma dirección. Es una persona dialogante y con capacidad de interlocución con el resto de fuerzas políticas catalanas, incluido el nacionalismo moderado del que formó parte antes de su incorporación al PP.

Por ahora, el Gobierno de la Generalitat ha reaccionado con más respeto que entusiasmo, con buenas palabras pero con gestos ariscos como la negativa del 'president' Puigdemont a acudir a la conferencia de presidentes. Sin necesidad de caer en la ingenuidad, la situación es lo suficientemente delicada para que no se desaproveche ninguna oportunidad ni que sea en grado de tentativa.

LA REFORMA DEL ESTATUTO DE GERNIKA

Este nuevo talante en las relaciones de Rajoy con Catalunya, y en general con las comunidades autónomas, ha coincidido en el tiempo con el anuncio de la conformación de una nueva mayoría en el Parlamento vasco, formada por el PNV y el PSE y que incluye en su programa el impulso de una reforma del Estatuto de Gernika que respete el marco jurídico actual pero que avance en el blindaje del autogobierno incluso con una reforma constitucional. Esta iniciativa supone que el PNV da definitivamente por cerrada la vía del 'plan Ibarretxe', fracasado hace más de una década, y cambia de socios pero también de objetivos. Desde Catalunya habrá que observar con detenimiento esta vía de acomodo de una nacionalidad histórica en la España constitucional y explorar sus límites en términos de bienestar y progreso.

Sin grandes anuncios ni aspavientos todo indica que en materia territorial esta legislatura marca un tiempo nuevo en el que la defensa de la legalidad por parte de Rajoy podría ir acompañada de nuevas oportunidades para el diálogo político sin salir de la racionalidad democrática y del ordenamiento jurídico.