Política de vivienda contra la desigualdad

La vivienda es la partida más costosa que soportan los hogares españoles en su estructura de gasto, en el año 2015 supuso el 31,8% del total, habiendo aumentado siete puntos desde el 2006. Y es una de las más altas en términos proporcionales de los países de la Europa occidental, cuya media es del 27,6% (la de Francia, del 26,8%, y la del Reino Unido, del 18%). Pero, si esta es la situación de la media de hogares españoles, mucho más grave resulta la de los de menos ingresos: el gasto relativo de estos hogares sube al 36,3%, mientras que baja al 27,6% para los que tienen ingresos más altos. Los hogares más débiles soportan, pues, un peso del coste de la vivienda un 32% superior a las que se encuentan en mejor posición.

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Frente a este peso, el de la enseñanza es del 1,4%, y el de la salud del 3,5%. Y esto, evidentemente, no se debe a que sean servicios que tienen un coste bajo, si no, al contrario, que al ser entendidos como ejes fundamentales del Estado de bienestar, reciben las aportaciones públicas necesarias para hacerlos asequibles a todos y garantizar así el derecho a su disfrute.

OTRO PLANTEAMIENTO

No se explicaría el bajo coste familiar en enseñanza si no dispusiéramos de un sistema público en este campo que absorbe el 5,8% del PIB, o el bajo coste familiar en salud si no disfrutáramos de un potente sistema de sanidad pública que supone el 5% del PIB. Pero en vivienda, el planteamiento es totalmente diferente.

El presupuesto público en este campo, entendido como la prestación del servicio desde unas infraestructuras de titularidad pública –parque público–, o como transferencias directas a las familias, no llegaba en el año 2011 al 0,23% del PIB y ha bajado incluso hasta el 0,08%, en el 2016, con lo que las economías domésticas deben soportar sobre sus hombros la práctica totalidad del coste del servicio. Con un gasto público en vivienda tan escaso y un parque público que no llega ni al 1% del total, resulta del todo imposible asegurar el derecho al alojamiento digno.

LOS PROBLEMAS FAMILIARES

Sorprendentemente, frente a la grave situación descrita, las políticas de vivienda seguidas en España en el periodo 2010-2016 se han concentrado en dar respuesta a la crisis financiera y bancaria abandonando radicalmente las problemáticas de las familias; tanto de las que han tenido problemas sobrevenidos para cubrir el coste de su vivienda, como de las que no se pueden ni siquiera plantear el acceso a una vivienda.

Por todo ello, las estrategias de futuro en nuestro país, si se quiere avanzar en el camino de reducción de las desigualdades haciendo más soportable el coste de la vivienda, deberán centrarse en tres ejes políticos: mayor provisión de vivienda pública y social; aumento de las transferencias a las familias para el pago de la vivienda y de los suministros; y controles de precios a través de políticas urbanísticas exigentes y pactos sociales de mercado.