Manel y Sílvia, Maria, Salma...

Manel y Sílvia abrieron un comercio en el 2004. Los primeros años fue bastante bien y, cuando nació su segundo hijo, decidieron pedir una hipoteca para comprar un piso. Pasaron los años y el negocio entró en crisis. Los gastos fueron más altos que los ingresos, y no pudieron pagar la hipoteca. Recibieron el aviso de que el banco ejecutaría su hipoteca.

Maria es una mujer mayor, jubilada, que cobra una pequeña pensión complementada con la pensión de viudedad. Tiene un hijo, a quien avaló cuando él y su pareja se compraron un piso. La pareja tuvo problemas con el trabajo y a partir del tercer año no pudieron pagar la hipoteca. La deuda se fue haciendo mayor, ellos casi no tenían ingresos, y fueron a vivir con la madre. María se encontró con el hijo y la nuera viviendo en su casa, viviendo todos de su pensión y los pocos ingresos que ellos tenían con trabajos inestables, y el banco reclamándole parte de la deuda como avalista.

Salma, madre de dos hijos, vivía en un piso de alquiler contratado a nombre de su expareja. Casi no tiene ingresos. El alquiler no se había pagado desde mucho antes de irse él, y el propietario decidió presentar la denuncia en el juzgado para reclamar el desalojo de la vivienda. Se enteró cuando llegó el primer aviso. Al ver que había menores viviendo en la vivienda, la juez decidió retrasar el desahucio tres meses.

VOLUNTAD POLÍTICA Y RECURSOS

Son casos que han pasado y todavía pasan en nuestro país. Ejemplos de situaciones graves que vive nuestra sociedad. Justamente ahora se han hecho públicos los datos de lanzamientos en Catalunya -un nombre bien desafortunado- que nos hablan de 7.849 desahucios en el primer semestre de este año. Para poderlos evitar hace falta, en primer lugar, voluntad política. Y nosotros la tenemos toda. En segundo lugar, recursos. Y destinamos a ello tantos como podemos.

En tercer lugar, razones legales y jurídicas. Teníamos una ley aprobada por unanimidad del Parlament, y el Tribunal Constitucional la suspendió a petición del Gobierno del PP, que consideraba que perjudicaría la estabilidad del sistema financiero. En esto, el Gobierno español y el de la Generalitat estamos en los antípodas. Mientras ellos defienden solo el sistema financiero, el Govern defiende también a las personas más vulnerables.

Ahora el Gobierno de la Generalitat ha aprobado una nueva ley que sustituye los artículos suspendidos por el Tribunal Constitucional, que es jurídicamente muy sólida y que da herramientas efectivas a los ayuntamientos para evitar desahucios. Una ley que esperamos que el Parlament apruebe lo antes posible.

En cuarto lugar, hace falta información. Los ciudadanos y ciudadanas deben saber que en cuanto tienen un problema con el pago de la vivienda, sea de propiedad o de alquiler, deben ir a la Oficina de Vivienda o de los Servicios Sociales de su ayuntamiento, o a la propia Agència de l’Habitatge de Catalunya. Allí estarán a su lado para encontrar la mejor solución posible.

LEALTAD INSTITUCIONAL

Y quinta cosa que se precisa y que resulta imprescindible: la colaboración y la lealtad institucional. Ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y Generalitat debemos trabajar juntos, con una relación e información fluida. Solo así podremos afrontar el reto que tenemos en vivienda.

En lo que va de año hemos evitado 3.085 desahucios, y desde el 2012 hasta hoy, más de 18.000. No tenemos soluciones mágicas. No tenemos soluciones perfectas. Pero tenemos soluciones.

Manel y Sílvia se pusieron en contacto con la Agència de l'Habitatge y consiguieron una ayuda para pagar las cuotas de la hipoteca. Esto les dio margen para mejorar su situación y mantener el piso. En el caso de María, la Agència intervino en la negociación a través del servicio Ofideute servicio Ofideutey se llegó a un acuerdo con el banco por una dación en pago, sin reclamar más deuda ni al hijo ni a ella. Salma, en cambio, fue desahuciada. La Agència de l'Habitatge no lo pudo impedir, porque conoció el caso demasiado tarde. Ahora vive en otro piso de propiedad municipal con un alquiler social.

Las políticas de vivienda nunca pueden ser políticas para ponerse medallas. Deben ser políticas de gestión y resolución de los problemas. No son políticas para el enfrentamiento, sino para el acuerdo. Solo así podremos dar la respuesta adecuada a todos los Manel, las Sílvia, las Maria y las Salma de Catalunya.