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La grandeza de la democracia consiste, entre otros motivos, en que garantiza que la libertad de expresión se ejerza aun cuando aquello manifestado no sea coincidente con los valores constitucionales previstos en la propia Constitución, y siempre que esa defensa se haga por los cauces y procedimientos democráticos.

En una de sus primeras sentencias, el Tribunal Constitucional ya afirmó que “la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática […] comprende no sólo las informaciones consideradas como inofensivas o indiferentes, o que se acojan favorablemente, sino aquellas que puedan inquietar al Estado o a una parte de la población, pues así resulta del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad democrática”. Impresiona, ¿verdad? Pues es del año 1982.

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Una estelada es un símbolo independentista. No es la bandera oficial de ningún estado, ni de un territorio, ni de una nación. Una estelada representa un anhelo, una reivindicación, una aspiración. Se podrá estar de acuerdo o no. Se podrá compartir o no. Incluso podrá “inquietar” a alguien. Pero esa bandera no es más que una actitud, una declaración de intenciones que expresada y articulada por las vías y los procedimientos democráticos tiene perfecto acomodo en nuestro estado constitucional. Por eso la prohibición de un símbolo siempre es peor que la expresión de esa declaración de intenciones. Con su decisión de prohibir la exhibición de esteladas en un estadio de fútbol, el gobierno de España está violentando y limitando el ejercicio de un derecho fundamental. Es la interpretación partidista, sesgada y demagógica de un derecho. En términos democráticos, es una involución muy peligrosa. Y más cuando proviene de un poder público como el gobierno del Estado, porque su decisión excluyente se convierte en el verdadero acto de provocación. Y eso sí “inquieta” a la gran mayoría de demócratas de este país.

Que 34 años después de que aquel incipiente Tribunal Constitucional surgido de la transición dictara esa sentenciaaún tengamos que reivindicarla y sacarle el polvo para recordarle al gobierno de España esos mínimos fundamentos constitucionales, demuestra que todavía queda mucho por hacer en este país. A menos, claro está, que se esté buscando deliberadamente esa confrontación y con ello se dé por inaugurada la campaña electoral a golpe de bandera. Si lo primero es una torpeza mayúscula, lo segundo es una enorme irresponsabilidad.