08 abr 2020

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opinión

PREMIOS PULITZER  Un bote inflable abarrotado de refugiados sirios a la deriva en el mar Egeo entre Turquía y Grecia.

REUTERS / YANNIS BEHRAKIS

¿Refugiados: ninguna alternativa?

J.M. Terricabras

Buena parte de la población europea se encuentra en estado de shock y de desconcierto por la ineficacia y la insensibilidad de las autoridades europeas a la hora de gestionar la avalancha inmigratoria de los últimos meses, que ha provocado un desastre humanitario de enormes dimensiones.

Hasta hace poco la entrada de refugiados venía regulada por el Convenio de Dublín (1990, 2003 y 2013). El texto, comprometido con la eficacia y celeridad del proceso, quería mejorar la protección de las personas solicitantes y establecía que la solicitud de asilo debía ser examinada por el mismo Estado por donde el solicitante entraba en la UE .

La intención, pues, era buena. Pero la realidad ha sido otra, ya desde hace tiempo. Hoy es clara la debilidad del sistema de Dublín por la avalancha de solicitantes y por las condiciones con que muchos llegan a Europa. Pero el sistema ya había fallado mucho antes de morirse, porque el procedimiento se basaba en un presupuesto erróneo: que las leyes y procedimientos de asilo de los diferentes Estados de la UE se regían por estándares comunes, lo que se vio que no era correcta, tal como lo dictaminó incluso el Tribunal de Justicia de la UE.

Los Jefes de Estado y de Gobierno no han sido capaces de ponerse de acuerdo en una distribución justa, proporcionada y solidaria de los refugiados. De hecho, el verdadero problema es que la UE no tiene estructuras federales que liguen los Estados y les hagan cumplir determinados compromisos, sobre todo los derivados de los principios fundacionales de la UE, como la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.

Esta incapacidad para llegar a un acuerdo común y obligatorio ha empujado a los dirigentes europeos a una solución que no solo me parece mala sino también ilegal: sin tener en cuenta que las decisiones sobre asilo y migración deben ser codecididas con el Parlamento Europeo, han puesto el presente y el futuro de los refugiados en manos de Turquía, un Estado que maltrata a sus propios ciudadanos kurdos y que no respeta derechos humanos fundamentales.

Junto con otros cuatro miembros de mi grupo, he tenido la suerte de terminar un trabajo en enero de este año en que hacemos una propuesta de asignación de destino de los refugiados basada no en la coerción sino en la preferencia. Los refugiados no tienen derecho a decidir dónde quieren ir (¿y si todos quisieran ir a Luxemburgo o Suecia?), pero sería razonable y humano que se tuvieran en cuenta sus preferencias, basadas quizá en relaciones familiares, lengua, conocimientos del país, etcétera . Esto, con la creación de una Agencia europea que lo coordinara, simplificaría la adaptación de los que llegan en el lugar más razonable para ellos.

Había, pues, alternativas a la solución adoptada. Turquía no era la única respuesta posible, solo era muy mala.