Fortalecer lo público en clave 2030

Llevo años moviéndome por el interior del sistema de las Naciones Unidas como miembro de uno de sus comités de expertos. Como otros que han vivido la experiencia, he probado la lentitud exasperante de su burocracia, el peculiar equilibrio entre la aspiración meritocrática y las cuotas territoriales o los inacabables procesos de 'lavado' de las resoluciones hasta alcanzar los estándares de ambigüedad que se requieren para aprobarlas. Dicho todo lo cual, sigo convencido de que, por muchas razones y con sus múltiples defectos, si la ONU no existiera no habría probablemente un desafío global mayor que inventarla.

No es mal momento para recordarlo en este primer año de vigencia de la Agenda 2030, aprobada el último septiembre. Porque solo a las Naciones Unidas se le reconoce la legitimidad para encarar un programa global de esta naturaleza. El documento es, desde luego, declarativo y necesariamente genérico, pero eso no mengua el carácter inspirador y programático de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y de los indicadores que los despliegan. Especialmente, si -como conviene hacer cuando se trabaja en la escala ONU- nos ponemos las gafas de mirar el planeta desde el ángulo, inmenso y desafiante, del mundo en desarrollo.

OBJETIOVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Este año, como era obligado, los expertos en Administración pública hemos dedicado el periodo de sesiones del comité a estudiar qué iniciativas podrían robustecer los sistemas públicos para hacer realizables los ODS. El objetivo 16 confía precisamente al fortalecimiento de las instituciones una parte destacada de la viabilidad de la agenda en su conjunto. Tres líneas de desarrollo institucional parecen imprescindibles en este sentido. Urge mejorar la rendición democrática de cuentas por parte de los gobiernos, y eso aconseja desarrollar mecanismos de evaluación de políticas y resultados. Se necesita, en muchos casos, fortalecer la seguridad jurídica y crear mecanismos para reducir la corrupción que drena en todo el mundo activos vitales de capital público. Es imprescindible, también, fortalecer las organizaciones públicas, dotarlas del talento y las capacidades necesarias para desempeñar el papel central que les corresponde.

De vuelta a España, uno constata que algunas de estas grandes cuestiones que afectan al desarrollo institucional siguen ausentes de nuestra esfera pública. Ya en otoño, con las elecciones de diciembre en perspectiva, los temas de la Administración pública llenaron las propuestas de los partidos de lugares comunes o de elocuentes vacíos. Nada hace pensar que la cosa vaya a cambiar con la perspectiva de las nuevas elecciones.

OFERTA EMPLEO

Alguien podría aducir, para explicar esos silencios, que nuestras administraciones no necesitan reformas importantes para afrontar objetivos como asegurar la escolarización hasta el final de la educación secundaria (ODS 4), promover el empleo juvenil (ODS 8), combatir la desigualdad (ODS 10) o reducir la factura medioambiental (ODS 13). Desde luego, las carencias del sistema público español no son de la envergadura de las que aquejan a muchos países con instituciones menos sólidas. Sin embargo, algunas características de nuestro sector público hacen temer por la viabilidad de muchos objetivos de política pública que necesitamos impulsar. Solo un par de ejemplos para ilustrar lo anterior. Por una parte, seguimos teniendo organizaciones públicas más preparadas para el trámite que para asumir el papel que hoy las hace insustituibles: el de promover y liderar procesos sociales de creación de valor público. Todavía este año, la oferta de empleo público del Estado presenta un porcentaje exagerado de perfiles de cualificación media y media-baja, alejados del nivel de inteligencia y especialización que debiera caracterizar a administraciones dispuestas a ejercer ese papel.

Por otra parte, seguimos sin aprobar la asignatura de la profesionalización de los cargos de dirección. Los partidos siguen colonizando a su antojo el espacio directivo público. Los cambios políticos -y en el horizonte puede haber unos cuantos- traen oleadas de descapitalización de talento. En ellas, millares de cargos públicos se vacían y se cubren sin respetar los criterios de mérito y profesionalidad que requiere la alta dirección.

Resumiendo, nuestro sistema público tiene desafíos importantes aunque los partidos den la impresión de no enterarse y los gobiernos miren en otra dirección. Cuando unos y otros dirigen la vista a la Administración suele ser para hacer discursos retóricos o aplicar medidas electoralistas como el reciente anuncio de devolución de la paga extra a los funcionarios. Casi nunca para encarar los cambios que necesitamos mirando al 2030.