Desahucios, hipotecas e incumplimiento de la ley

El mismo Gobierno que no para de presentarse como el adalid de la igualdad de derechos para todos los españoles  y que, con este argumento, no duda en acudir al Tribunal Constitucional (TC) para exigir que se dejen sin efecto medidas que podrían beneficiar precisamente a las capas más vulnerables de la sociedad, este Ejecutivo que se presenta como el más legalista, ha vuelto a ser advertido por la Comisión Europea de que debe cambiar de una vez la ley hipotecaria para garantizar los derechos de los consumidores españoles, para situarlos al menos al mismo nivel que tienen el resto de europeos.

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El argumento de fondo que utiliza el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy para recurrir varios artículos de la ley de emergencia social de la Generalitat de Catalunya es prácticamente el mismo que le aplican a él las instituciones europeas para exigirle que se preocupe más de la gran mayoría de consumidores que de la minoría de bancos a la hora de legislar. La gran diferencia práctica en esta comparación es que el Gobierno de Rajoy dispone de un arma que no tiene la CE y que aquel no duda en utilizar: el poder de obligar al Constitucional a suspender automáticamente durante al menos seis meses la aplicación de cualquier ley que recurra. Si, pasado este tiempo el TC no encuentra motivos suficientes para mantener la suspensión decide levantarla hasta que dicte la sentencia definitiva, y esto puede tardar años, miles de personas se habrán quedado sin la protección que les daba la norma impugnada durante todos esos meses y posiblemente ya no podrán revertir su situación. Una cifra para retener: el 2015 se realizaron 67.359 desahucios en España, es decir, más de 33.000 en medio año, aproximadamente.

Con el sistema legal vigente, queda claro que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Si esta ley parte de las autonomías, son menos iguales que si se trata de una legislación promovida por el Gobierno central. Ambas administraciones pueden recurrir al Constitucional, pero una con mucho más poder que otra. Podría decirse que el Gobierno central representa a todos los españoles y los autonómicos solo a una parte. Pero sucedería lo mismo en el hipotético caso de que el Ejecutivo decidiese impugnar una ley apoyada por todas las autonomías a la vez. De hecho, ha recurrido normas, como la creación del <strong>impuesto a los depósitos bancarios</strong>, que habían aprobado varias autonomías e incluso contaban con una sentencia del Constitucional a su favor. Curiosamente, o no, los más beneficiados por los recursos suelen ser la banca y las grandes empresas de servicios y no precisamente los consumidores.