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Editorial

La normativa de la prostitución en BCN

La prostitución ha sido siempre una cuestión de posiciones encontradas y soluciones complejas. El último debate se ha suscitado a raíz de una proposición del Ayuntamiento de Barcelona para normalizar, que no regular por falta de competencias, «el ejercicio del trabajo sexual voluntario». La iniciativa de Ciutadans contó con el apoyo de Barcelona en Comú, ERC y la CUP. PSC, CiU y PP votaron en contra. La oposición a la propuesta ha llegado también en el área metropolitana, con las voces de las alcaldesas socialistas Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet), Lluïsa Moret (Sant Boi de Llobregat), y Núria Marín (L'Hospitalet) y la convergente y presidenta de la Diputación Mercè Conesa (Sant Cugat del Vallès).

En un manifiesto se pronuncian rotundamente en contra de esa normalización y a favor de la abolición de cualquier sistema de explotación sexual, incompatible con la dignidad de la persona. Es una posición tan irrebatible como que la prostitución no se ejerce de forma «voluntaria», como apunta ese marco que avala una mayoría en el ayuntamiento, sino de manera forzosa y, con frecuencia, en manos de mafias. La propuesta pretende, sin duda, mejorar las condiciones del ejercicio, pero más perentorio sería que las prostitutas no fueran hoy las víctimas de una ordenanza sancionadora como la actual, y sí hubiera políticas contra su exclusión social y por su integración laboral. Corremos el riesgo de que la hiperturística Barcelona tenga además un barrio rojo legalizado.