Los impuestos catalanes y el tiempo perdido

Uno de los pilares de un futuro Estado catalán debería ser la agencia tributaria propia. Un organismo propio, bien dotado de personal y de recursos económicos, con capacidad suficiente para recaudar y liquidar los tributos que se paguen en Catalunya. Las dos mismas frases anteriores valdrían también para una autonomía catalana que quisiera ser eficiente. Y además, en gran parte, es posible hacerlo con la legislación actual, sin necesidad de ninguna ruptura, aprovechando todas las posibilidades que permite el tan nombrado marco legal vigente.

Solo hay que comparar lo que están haciendo otras comunidades de régimen común en la gestión de sus impuestos y de los cedidos para darse cuenta de que es factible ser mucho más autónomo en política fiscal de lo que se ha sido hasta ahora en Catalunya. Lo reconoce incluso el secretario de Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, en sus declaraciones a este diario el pasado domingo. Durante todos estos años de 'procés independentista', la gestión ejecutiva de muchos impuestos catalanes ha continuado cedida, por decisión del Govern de turno, a la Agencia Tributaria española, pagando incluso por ello. Igual que la liquidación de los tributos cedidos, que se ha dejado en manos del cuerpo de registradores por el módico importe de 25 millones de euros al año.

Para los papeles incómodos, como el de recaudador y liquidador de impuestos, desde la Generalitat se ha optado durante muchos años por traspasarlos a otros. Y lo que podría haber sido un auténtico pilar de una autonomía mucho más real ha quedado siempre en poca cosa. Ahora, cuando parece que va más en serio y que se quieren sentar incluso las bases para una hipotética independencia se constata que hay mucho trabajo por hacer. Que se han perdido inútilmente muchos años. Y que la parte estatal ahora no piensa poner ninguna facilidad para que esta gestión solo catalana de los impuestos prospere. El caso más ejemplar en este sentido es la orden interna de la Agencia Tributaria que impide a sus técnicos pasarse a la Generalitat como funcionarios cedidos. Si quieren cambiar de administración solo podrán hacerlo con una excedencia, una limitación que frena lo que podría haber sido un embrión muy bien dotado de personal especializado y formado de la nueva agencia tributaria catalana. 

El Estatut vigente prevé la creación de un consorcio entre las dos administraciones tributarias, en el que evidentemente la que tendría más a ganar sería la catalana, que podría aprovechar la experiencia del cuerpo fiscal estatal. Solo el 'exconseller' Antoni Castells hizo esfuerzos para poner en marcha el consorcio, sin éxito por cierto. Y ahora toca correr, y no solo por culpa de Madrid.