El 23-F, los lobis y el interés general

El intento de golpe de Estado en un día como hoy, hace 35 años, puede servirnos de marco para hablar de algo significativo: ¿quién defiende el interés general? ¿Es el interés general la suma de intereses particulares o es algo muy distinto? El intento de conectar tales temas con el 23-F tiene algo de peregrino, pero me explico. En la argumentación que justificaba la intentona de Tejero y compañía figuraba en un lugar destacado la salvaguardia del interés general de España, cuya defensa se atribuían. Para ello, y entre otros justificantes, hablaban de la necesidad de «salvar al país de ETA, los nacionalismos y la debilidad de la clase política». No todos pensaban lo mismo que los insurrectos, y la interpretación del interés general que emergió triunfante del suceso fue la que veía en la Constitución y el gobierno libremente elegido, la vía mayoritariamente aceptada para plasmar el 'interés general'.

No es nada fácil establecer una delimitación clara del concepto de 'interés general'. Cuando se habla de ello o de conceptos similares (interés público, bien común, bienestar general…) acostumbramos a encontrarnos con la dificultad de establecer quién lo define o a través de qué mecanismos podemos aclarar en cada momento su significado concreto. La definición que apunta a un agregado aritmético de intereses particulares no funciona, ya que casi siempre ese agregado no consigue establecer pautas claras de decisión. Tampoco funciona del todo la idea de considerar que el interés general viene establecido por las decisiones de los poderes públicos legal y legítimamente constituidos. Es habitual comprobar que poderes públicos de esas características chocan entre ellos, o bien que se acaban tomando decisiones que claramente favorecen unos intereses por encima de los otros.

Pero, ¿tiene todo ello algo que ver con la actualidad? Si dejamos a un lado la particular visión de 'interés general' que tenían los que estos días aparecen como investigados en relación a decisiones tomadas sobre construcción de infraestructuras, cambios de calificación de terrenos u organización de eventos, el tema sigue siendo vigente.

GEBNERALITAT Y CNMC

GEBNERALITAT Y CNMCPor una parte, la Generalitat ha establecido un registro de grupos de interés, que se dirige a «aquellas personas y organizaciones que trabajan por cuenta propia y participan en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de la Generalitat y de su sector público en defensa de intereses de terceras personas u organizaciones». Por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia pretende hacer lo propio en relación a la Administración general del Estado. Como decía hace poco su presidente, Marín Quemada, conviene regular el tema ya que «ahora en España los grupos de interés o lobis se revisten de otras denominaciones o ropajes porque su existencia es tratada por la sociedad con cierta sospecha, lo que no ocurre en otros países, ni en Bruselas».

En efecto, llegamos con retraso al tema. No tanto porque no existan en nuestro vecindario grupos de interés, que los hay y numerosos sino porque, como se decía, son poco visibles, poco transparentes y actúan de manera vergonzante, aparentando ser solo relaciones públicas o bufetes profesionales de abogados. Con lo cual, tenemos la misma posibilidad que otros países de que la capacidad de influencia de los más poderosos y activos logre inclinar la legislación a favor de sus intereses para nada generales, y en cambio no disponemos de las ventajas de su regulación, publicidad y transparencia. En un reciente libro de Juli Ponce ('Negociación de Normas y Lobbies', Aranzadi) se defiende la regulación de esa actividad apoyándose en el derecho comparado. Facilitando así que ese juego entre intereses contrapuestos en la toma de decisiones públicas, permita mejores resultados de calidad normativa y de buena administración.

MINAS ANTIPERSONA

MINAS ANTIPERSONA

No es un tema solo de intereses económicos. Hace años, Vicenç Fisas publicó un libro ('El lobby feroz', Icaria) en el que se contaba cómo Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam y Médicos sin Fronteras se habían organizado para conseguir acabar con las minas antipersona. No por el hecho de considerar que existe un único interés general conseguiremos el milagro de eliminar las visiones e intereses particulares. Conviene regular el tema, favoreciendo la trazabilidad de la legislación, sabiendo quién ha dicho qué en cada momento, y favoreciendo que no acaben prevaleciendo solo los que saben a quién llamar para preguntar «cómo está lo mío» o aquellos otros, como Tejero y los suyos, a los que solo les queda el puro ejercicio de la fuerza para defender sus argumentos. El interés general, es decir la resultante final de estos procesos de conflicto y acomodación acabará, esperemos, siendo mejor defendido.