Reforma del Sector Público: mucho por delante

En gasto per cápita, España es el cuarto país de la UE de los 28 que más ha reducido en sanidad y educación

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Las reformas en el sector público tienen fundamentalmente dos objetivos: la estabilización de las finanzas públicas y la mejora de gobernanza económica, es decir, las leyes que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas, incluyendo sus reglas de gasto, mecanismos de control y el régimen de su personal. Mejorar en lo segundo claramente contribuye a mejorar en lo primero a medio y largo plazo. Pero en el caso de España es probable que, una vez más, resolver lo urgente haya restado atención para encargarse de lo importante.

Como consecuencia directa de la crisis, la situación fiscal en España empeoró de forma brusca. En tan solo dos años, el saldo de las cuentas públicas pasó de un superávit del 2% del PIB en 2007 a un déficit del 11% en 2009: se redujeron los ingresos por la menor recaudación de impuestos y aumentó el gasto en las prestaciones de desempleo y otros gastos derivados de la crisis. En pocos países avanzados se ha visto un desplome similar.

Además, la repercusión de esta crisis fiscal se amplificó por razones que, aunque no eran de naturaleza fiscal, podían acabar teniendo consecuencias fiscales importantes. En los primeros años de la crisis habían muchas incógnitas sobre el estado de los balances de las entidades financieras, algunas de las cuales habían invertido masivamente en la construcción y debían provisionar pérdidas. Si esas pérdidas tenían que ser absorbidas por el sector público (como sucedió en Irlanda), la situación fiscal de España podría ser insostenible. Además, en los peores momentos, los mercados dudaron de la viabilidad misma del proyecto del euro, principalmente a raíz de lo sucedido en Grecia y de la respuesta del Comisión Europea y del BCE.

Todo ello, la grave situación objetiva de las cuentas públicas en España y un entorno internacional más propenso al pesimismo que al optimismo, llevó a los dos últimos gobiernos a realizar importantes recortes del gasto público. En el caso de la última legislatura, además, se han aprobado leyes que tratan de mejorar la gobernanza económica del sector público como las leyes de sostenibilidad presupuestaria, de racionalización del sector público, la comisión para la reforma de las administraciones públicas (CORA), la reforma de las administraciones locales o la creación a autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef), entre otras. ¿Cuál es balance?

RECORTES REALES

Los recortes en gasto público son reales. En términos de gasto per cápita, España es el cuarto país de la UE de los 28 que ha reducido más su gasto entre 2009 y 2012 tanto en sanidad (reducción del 12%,3%) como en educación (14,1%). Los otros países de la UE en los cuales se han producido recortes de esta magnitud son Grecia, Portugal, Irlanda y Rumanía pero la UE en promedio ha aumentado estas partidas (5,6% en sanidad y 3,5% en educación). Además, hay que tener en cuenta que los precios aumentaron cerca de un 8% entre 2009 y 2012 en España, de forma que la reducción efectiva en gasto por ciudadano en sanidad y educación se situaría en torno al 20%.             

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¿Se ha podido contener el déficit? A pesar de estos recortes, el déficit público se ha moderado levemente y está muy lejos de los niveles pre-crisis. Como consecuencia la deuda pública crece de forma sostenida desde 2008 (ver gráfico). Además, algunas medidas tomadas recientemente, como la rebaja en el IRPF, pueden hacer aumentar el déficit por encima de lo previsto.

¿Qué es lo que nos espera en la próxima legislatura? El problema de las finanzas públicas está lejos de estar solucionado pero hay que reconocer que en esta legislatura que termina se han realizado avances. Por ejemplo, la creación de la autoridad fiscal independiente es muy prometedora y puede aportar un input muy útil en la gestión de los recursos públicos, siempre que el ejecutivo respete plenamente su autonomía y la dote con los medios necesarios. La recuperación de la ley de estabilidad presupuestaria es también un movimiento en la buena dirección. Pero, por encima de todo ello, si realmente hay voluntad política de estabilizar las cuentas públicas es imprescindible tomar medidas de mayor envergadura, que aumenten los ingresos (lo más deseable), reduzcan los gastos (menos deseable, visto lo sucedido desde 2009) y que reformen la financiación territorial bajo el criterio de aumentar la responsabilidad fiscal.