Análisis

¿Un motor pasado de vueltas?

No es una omisión insignificante que la declaración propuesta no cite un referéndum para verificar el apoyo a la independencia

JOSEP MARIA VALLÈS

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Quienes impulsan el proceso en pro de la independencia de Catalunya han apretado el acelerador. La propuesta de declaración sometida al Parlament así parece certificarlo. No han aguardado a que fuera ocupado el puesto de piloto principal de la operación: sin contar todavía con un presidente investido ni con un Govern nombrado, se les marcan de antemano trámites y plazos para adoptar decisiones que a ellos les incumben.

En todo caso, con esta iniciativa parlamentaria de urgencia se busca quemar etapas en la carrera emprendida. No se hace mención, por ejemplo, al referéndum o consulta al pueblo de Catalunya para verificar su apoyo a la operación de separación. No es una omisión insignificante. Parece como si bastara ahora el resultado electoral del 27-S. La falta de una mayoría de votos populares a favor de los proponentes de la resolución quiere sustituirse por la mayoría de diputados. Hay que recordar, sin embargo, que se trata de una mayoría fabricada gracias a la generosa prima de 6-7 escaños otorgada por el sistema electoral provisional de 1979, que siempre ha jugado en beneficio de CiU y ERC. Si el sistema electoral asignara un mismo valor al voto de cada uno de los catalanes y no penalizase a una gran parte de ellos, esta mayoría de escaños se desvanecería.

Sea como sea, el hecho relevante de este episodio es el notable acelerón que se intenta dar al llamado proceso de desconexión. Tal vez se quiere aprovechar la provisionalidad que también afecta en este momento al Gobierno del Estado. O quizá se justifica por la crisis innegable del sistema político español, una crisis que podría ofrecer una mayor facilidad para conseguir el objetivo propuesto.

En cualquier caso, el proyecto de resolución expresa el deseo de intensificar el ritmo de la carrera. Ya era llamativo que la (¿vieja?) hoja de ruta se atreviera a fijar plazos. Fijar plazos en política es siempre un ejercicio muy arriesgado para quien se los impone a sí mismo. Acortarlos ahora con la nueva moción no es muy razonable si no es para eliminar las posibilidades de un tratamiento negociador que pudiera plantearse desde el Estado después de las elecciones generales del 20 de diciembre. Abortar estas posibilidades de negociación mediante una estrategia de hechos consumados estaría en el origen del acelerón.

La opción por el enfrentamiento directo que se desprende de esta iniciativa depende de la estimación de las propias fuerzas y de las poderosas resistencias con que se van a encontrar. ¿Se cuenta con un motor político de potencia suficiente? ¿Soportará el cambio de ritmo que se le quiere imponer? ¿Es el adecuado para obtener el máximo rendimiento de la movilización independentista o va a desgastarla? ¿Se impondrá más fácilmente a los obstáculos considerables que debe afrontar? ¿O los refuerza mediante un efecto rebote, tal como se comprobó el 27-S? Incluso un buen motor corre el riesgo de quemarse cuando se pasa de vueltas y la carrera emprendida se hace más larga de lo previsto.