Una ILP a prueba de buitres

Ya hace tiempo que desde la Advocacia Catalana estamos intentando encontrar soluciones para aliviar el drama imparable de los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, que afecta a miles de familias cada año. En marzo del 2011 presentamos en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que consistía en modificar determinados artículos de la ley de enjuiciamiento civil (LEC) para evitar que nadie se pudiera adjudicar en subasta la vivienda habitual por debajo del 80% de su precio de tasación. Aquella propuesta quedó en pañales, pero ahora hemos conseguido sacar adelante dos importantes propuestas propias en el marco de la iniciativa legislativa  popular (ILP) de la vivienda y la pobreza energética, aprobada el pasado 23 de julio en el Parlament de Catalunya.

Esta vez todos hemos colaborado en la ley: grupos parlamentarios, entidades e instituciones sociales, entre ellas la abogacía. La ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética tuvo su embrión en una ILP, a partir de la recogida de firmas que reclamaban al Parlament que aprobase una ley en este sentido. Cuando esta propuesta entró en el Parlament ya se habían realizado pequeñas acciones normativas, y por tanto había que replantear el texto. Pero lo que no se debía replantear era el objetivo de la ILP: ayudar a familias que han perdido la vivienda, o que podían seguir viviendo en su casa pero no tenían garantizado el suministro energético, o sea, regular el derecho a tener agua corriente, luz o gas. Esta ley debería haberse aprobado en el 2008, al principio de la crisis económica. Pero más vale tarde que nunca. Por lo tanto, bienvenida.

El texto inicial de la ILP se transformó en una proposición de ley tramitada por los grupos parlamentarios. Y cuando hay una ley que afecta a cuestiones jurídicas, el conjunto de los 14  colegios de abogados que tenemos en Catalunya damos nuestra opinión a través del Consell de l'Advocacia Catalana. Sugerimos mejoras y explicamos a los grupos parlamentarios lo que nosotros vemos en la práctica en nuestros despachos de abogados. Hay que tener en cuenta que aquellas cuestiones que en teoría se ven de una manera, en la práctica, una vez aplicada la ley, son de otra.

Dos son las aportaciones que los colegios de abogados de Catalunya hemos hecho a esta ley: la primera fue pedir que aquellos casos en los que existe un acuerdo de dación en pago o de extinción de deuda con la persona que debe dinero por haber comprado una vivienda, en el supuesto de que haya avalistas que sean familiares directos, no se pueda actuar contra ellos. Es decir, que si unos padres han avalado a su hijo en la compra de una vivienda que este, por culpa de la crisis, no puede pagar y llega a un acuerdo con el banco, que este no pueda exigir nada al avalista, ya que es familia directa. Los abogados nos encontrábamos ante situaciones en las que se llegaba a un acuerdo pero la deuda seguía persiguiendo a los familiares. Con esta modificación, corregimos esta injusta situación.

La segunda aportación es denunciar a los fondos buitre. ¿Qué es un fondo buitre? Hay que imaginar el caso en el que un banco tiene muchos pisos con familias que no han podido hacer frente a la hipoteca y las ha llevado al juzgado. El banco decide vender estos pisos, con sus deudas, a un fondo buitre. Este fondo lo que hace es comprar el piso muy bien de precio. A veces se puede llegar a quedar la vivienda por un 5% o un 10% de su valor. Y nuestra pregunta es: si el banco decide dar ese valor tan bajo a un fondo buitre, ¿por qué no permitimos, si la familia puede pagar este precio, que tenga preferencia para quedarse nuevamente el piso? Nuestra segunda aportación ha sido que aquellos casos en los que las viviendas se vendan a un fondo buitre y el precio de venta sea inferior al precio real, la familia tenga derecho a recuperar la vivienda pagando lo mismo que ha pagado el fondo buitre por el piso. Es una cuestión de justicia.

Creemos que no todo se puede permitir en nombre de la crisis. Y hay que actuar contra los fondos buitre que se aprovechan de la tragedia de una crisis. El buitre es un ave carroñera que se alimenta solo de animales muertos. No podemos permitir dar por muertas a aquellas familias a las que la crisis ha dejado sin poder hacer frente a su hipoteca. Y no debemos permitir que los fondos buitre, en nombre de la crisis, puedan cazar vivas a las familias endeudadas. Esperamos que la ley tenga muchos años de recorrido y que el Gobierno no la impugne ahora ante el Tribunal Constitucional, porque provocaría que la injusticia se aprovechara de la crisis.