23 feb 2020

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La responsabilidad de gobernar

Incertidumbres frente a municipalismo

Xavier Amor

Entre un clima de inestabilidad permanente, los ayuntamientos buscan soluciones a los problemas

Incertidumbre: f. [LC] cualidad de incierto, falta de certidumbre. El Institut d'Estudis Catalans da esta definición a una manera cada vez más crónica de vivir el día a día por parte de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Utilizaré las cuatro palabras que aparecen en la definición de incertidumbre para aportar mi reflexión: calidad, incierto, falta y certeza. Un punto de vista desde la posición de alcalde de Pineda de Mar (25.948 habitantes en el 2014, según el INE), situación que me acerca a los problemas reales de mis conciudadanos y que me obliga, con recursos muy limitados, a buscar soluciones.

¿No tienen ustedes la sensación de que hace demasiado tiempo que estamos inmersos en una inestabilidad permanente? Una inestabilidad provocada en buena parte por una secuencia de hechos y de acciones de los poderes públicos cada vez más inquietante. ¿Queremos seguir por aquí?

Los ciudadanos reclamamos respuestas. He aquí la necesidad de un Govern. De un buen Govern que asuma las necesidades de la gente: de los jóvenes que tienen limitado, de manera insoportable, su derecho de acceso al trabajo; de los mayores de 55 años expulsados del mercado laboral; de las mujeres discriminadas; de los niños que no tienen garantizada su alimentación... De deficiencias en la sanidad pública y recortes en educación pública y las políticas sociales y de fomento del empleo, etcétera.

En momentos clave como este, en que la crisis ha perfilado con colores de emergencia la vida de muchas personas, el municipalismo ha actuado dando respuestas.

Primero, garantizando la calidad de los servicios que estamos prestando desde los ayuntamientos. Nos toca buscar fórmulas cada vez más creativas, mientras que el Govern de la Generalitat ha sido incapaz de proponer ni una ley de gobiernos locales de Catalunya, y mucho menos, una ley de financiación local justa. Además, hemos tenido que luchar con todas nuestras fuerzas, incluso ante el Tribunal Constitucional, contra el ataque más importante que ha sufrido la Administración local: La ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (Arsal).

Segundo, destinando recursos a las demandas cada vez más básicas y que dibujan un futuro incierto para muchas familias. Los ayuntamientos hemos pasado de lo que queda tan bien sobre el papel, «competencias propias», a tener que garantizar que las familias puedan comer todos los días, que se puedan vestir cada día, que no les corten ni el agua ni la luz (haciéndonos cargo de los recibos), a afrontar las ayudas para libros o comedor escolar... Servicios que hemos visto como se iban recortando desde las administraciones superiores.

Tercero, comprobando la falta de sentido común de muchas políticas o decisiones que se han querido tomar a espaldas de los ayuntamientos y, por tanto, a espaldas de la ciudadanía: el decreto que desplegó la reforma de la ley de la renta mínima de inserción (PIRMI) haciendo efectivas grandes desigualdades, el retraso en la planificación y ejecución de equipamientos educativos o los recortes a la garantía de dignidad que supone la ley de dependencia, por poner algún ejemplo.

Y cuarto, poniendo de manifiesto que la única certeza o certidumbre es que los ayuntamientos hemos dado y estamos dando la cara como ninguna otra Administración, que hemos sido la puerta cercana y siempre abierta a la que la ciudadanía se ha acercado y se acerca en momentos de dificultad en una crisis que ya dura demasiado y que nadie ha sabido gestionar a pesar de las muchas promesas electorales o los cantos mesiánicos.

¡Ya nada volverá a ser igual! Pero no nos podemos rendir. Debemos batallar para recuperar la dignidad de muchos de nuestros vecinos y vecinas. Y mientras en las ciudades y pueblos las desigualdades sean cada vez más visibles, tenemos la obligación de defender con firmeza que se gobierne. Que se gobierne con mayúsculas, porque es legítimo gritar, con toda la fuerza que uno desee, que hay un problema de encaje Catalunya / España, y que este debe tener una solución política y legal; pero sabemos que no podemos acogernos solo a este argumento descuidando, ignorando, despreciando muchas cuestiones, algunas citadas en este artículo y otras que se evidencian a través de los sondeos a la población. Lo constata la última encuesta del CIS, en la que el paro (con un 78,8%) y la corrupción (con un 43,7%) encabezan las preocupaciones ciudadanas.

Y mientras el lío de las preguntas y los eufemismos plebiscitarios se empeña en generar incertidumbre e inestabilidad, los gobiernos locales trabajaremos buscando soluciones a los problemas reales que las personas y las comunidades locales deben afrontar día tras día para avanzar. Y lo continuaremos haciendo. Tengan la certeza de que lo haremos.