Políticos: ética y legalidad

El diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte ha puesto voz a la endiablada disyuntiva que está socavando los cimientos del sistema político español. Tras desvelarse que percibió 75.000 euros de una constructora beneficiada por las adjudicaciones del gobierno popular de Castilla y León, la Ser le ha preguntado:«¿Le parece ético?» «No, me parece legal», ha respondido Martínez-Pujalte, pretextando que en su día obtuvo la preceptiva autorización del Congreso para compatibilizar su tarea parlamentaria con la realización de trabajos de asesoría para empresas privadas.

Hacienda no halla constancia documental del supuesto asesoramiento, ni tampoco del que prestó el hoy embajador de España ante el Reino Unido, Excelentísimo Señor Don Federico Trillo, por el que se embolsó 354.000 euros en tres años. Trillo era entonces diputado, 'cerebro' jurídico del PP en la ofensiva contra el Estatut y presidente del «comité nacional de derechos y garantías» de la cúpula de Mariano Rajoy. ¡Manda...!

Asombra el desparpajo con que Pujalte distingue entre ética y legalidad, porque delata su convicción de que las leyes españolas amparan prácticas contrarias a las normas morales que rigen la conducta humana. No hay que escarbar mucho para suscribirlo: la amnistía fiscal del PP fue inmoral a la vez que legal, pues por ley se aprobó.

La pregunta es si a legisladores como Trillo o Martínez-Pujalte se les puede tolerar que conculquen los principios éticos más básicos aprovechando los recovecos creados por las normas que ellos mismos confeccionan. Porque cobrar por una asesoría ágrafa 9.000 euros al mes, el doble que como diputado, deja claras la naturaleza de los pagos y las prioridades de sus beneficiarios.

La 'lista 715'

Otro tanto sucede con la lista de 715 Personas Políticamente Expuestas (PEP, de las siglas en inglés)715 Personas Políticamente Expuestas (PEP,  investigadas tras acogerse a la amnistía fiscal. Fue legal que aflorasen su patrimonio oculto e inmoral que lo amasasen ejerciendo cargos públicos. Como es legal, pero éticamente reprobable, garantizar el anonimato a quienes, gestionando nuestros impuestos, se las ingeniaron para no pagar los suyos.