Editorial

Acuerdo entre independentistas

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Después de semanas en punto muerto, parece que el procés trata de reactivarse. El temor a un voto de castigo al soberanismo en las elecciones municipales ha sido sin duda un acicate. El pasado lunes, Convergència y Esquerra, junto a las entidades soberanistas ANCÒmnium y AMI, suscribieron un preacuerdo sobre la independencia. Entre otras cuestiones, el documento concreta ya que los firmantes se comprometen (si logran la mayoría absoluta que las encuestas ahora les niegan) a proclamar la independencia de Catalunya en 18 meses, tras las elecciones del 27-S.

El preacuerdo pretende dar un nuevo impulso al alicaído votante independentista, desengañado por el súbito parón que siguió al proceso participativo del 9-N. Las divergencias entre partidos sobre el camino a seguir, plasmadas en las conferencias de Artur Mas y Oriol Junqueras, han tenido un evidente reflejo ambiental y en los sondeos de opinión. El documento, que se pretende de consenso como síntesis de las posiciones de CDC ERC, no oculta un dato elocuente: de los que emprendieron la senda soberanista la pasada legislatura, hasta ahora se han quedado por el camino Unió, la CUPICV y EUiA. Ni siquiera está claro que todos los alcaldables de CDC admitan que el eje independentista pese sustancialmente en su programa electoral. ¿Está el alcalde Xavier Trias por la labor en la más que reñida campaña que le espera en Barcelona?

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Por lo demás, el bloque soberanista sigue sin aclarar algunas cuestiones fundamentales. ¿Qué se entiende por victoria el 27-S: en escaños, en votos emitidos, en mayoría del censo...? Si se quiere mandar un "mensaje claro" a la comunidad internacional, la ambigüedad acerca del resultado va más bien en sentido opuesto. Sin contar con que es más que discutible que unas elecciones autonómicas se puedan interpretar en clave plebiscitaria.

Si el documento en sí peca de falta de realismo, no hay que olvidar que sus promotores se enfrentan a la legalidad del Estado, que ya abortó la consulta del 9-N –luego reconvertida en proceso participativo– y que con toda la seguridad haría lo propio con el planeado referéndum sobre una futura constitución catalana. Los firmantes deberían entender que con estos planteamientos es difícil sumar a una gran mayoría ciudadana. Este proyecto no suma y, en cambio, fomenta una clara división social. Razón de más para pensárselo.