Un 'reset' para el Segarra-Garrigues

El Sistema Segarra-Garrigues (SSG) es una de las más importantes infraestructuras en construcción de Catalunya. Un estudio reciente sobre el retorno de este proyecto a la sociedad nos indica que, en un escenario moderadamente transformador, podría incrementar la totalidad de la producción agrícola catalana en un 25%, siendo capaz de proveer de alimento a casi 900.000 personas, reducir significativamente nuestra crónica dependencia agrícola y ocupar a más de 20.000 personas, aparte de múltiples externalidades entre las que merece la pena destacar la recuperación de la vitalidad económico-social y la autoestima de unas tierras de secano hoy condenadas al despoblamiento. Sin duda, el canal es una potente herramienta de futuro que irradia al conjunto de la economía catalana. Sin embargo estas previsiones no se podrán alcanzar.

El canal ha estado inmerso en controversias e incomprensiones. Por razones de espacio me limitaré a las que hacen referencia a los condicionantes de tipo ambiental en relación a la protección de las aves. En concreto, del área cultivable del SSG, el 42% es Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA). Las afectaciones son diversas, desde no poder regar hasta poder hacerlo con limitaciones importantes. Lógicamente este hecho repercute en pérdida de oportunidades de desarrollo y en incremento del precio del agua. Pero el tema es más grave ya que las limitaciones medioambientales convierten en muchos casos el regadío en una opción no rentable económicamente. Dicho en otras palabras, muchas de las hectáreas que se había previsto regar no se regarán, lo que constriñe aún más el proyecto. La empresa ASG, responsable de la gestión del agua, ya está advirtiendo en sus informes de este riesgo que podría afectar a la viabilidad del SSG en su conjunto.

Estudio de impacto ambiental

Partiendo del respeto necesario hacia la biodiversidad cabe preguntarse sobre la idoneidad de las medidas tomadas, que pueden llevar a la inviabilidad de un proyecto con unos potenciales extraordinarios de desarrollo. El estudio de impacto ambiental del SSG menciona 13 especies de aves a proteger, de las cuales solo cuatro tienen más de un 1% de sus ejemplares en Catalunya, en relación a España, y todas ellas son abundantes en otras zonas. En otro caso, desde un punto de vista técnico cuesta entender que la mayor parte de las ZEPA del área cultivable de las comarcas afectadas por el SSG se hayan situado dentro de la zona regable, sobre todo cuando queda un 27% de estas tierras que seguirán siendo de secano. ¿Por qué no se han ubicado las ZEPA en zonas que no se regarán? Con qué argumentos técnicos se han escogido las mejores tierras y las más planas para ubicar las ZEPA? ¿Por qué no se han ubicado en las zonas de riego de apoyo, menos comprometedoras para el proyecto?

Pero las incongruencias y desproporciones no se quedan ahí. El hábitat que se pretende defender es hijo de la agricultura, de forma natural estas tierras serían bosques. Incluso los cultivos que había hace 70 años (vid asociada a cereales) en determinadas ZEPA hoy estarían prohibidos por razón de los condicionantes medioambientales establecidos. Y si el abandono creciente hace perder la agricultura también se perderá el hábitat reclamado por los pájaros.

La singularidad de cada territorio

Se dirá que esto son decisiones de la UE. Es cierto, pero propiciado desde Catalunya. No hay excusas. Se dirá que ya no hay nada que hacer. Me niego a pensar que en la UE no haya alguien capaz de entender los hechos objetivos y la singularidad de cada territorio. Catalunya aporta una tercera parte de su territorio a ZEPA, la UE destina una décima parte. Catalunya es una de las regiones europeas con menos superficie de cultivo y con una agricultura en dificultades. ¿No sería razonable una compensación?

La FAO nos pide más agricultura y necesitamos más agricultura. Además, el regadío es una herramienta de adaptación contra el cambio climático ya que evita deforestación y nos prepara para un entorno con menos disponibilidad de agua. El SSG es la mejor herramienta para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, también podemos convertirlo en la versión catalana de las autopistas de Madrid o del aeropuerto de Castellón. Por cierto, el coste de la operación Castor es el mismo que el del canal Segarra-Garrigues, coste que asumen en buena parte los regantes encareciendo el precio del agua. En un lado hay 1.300 millones de euros tirados al mar, en el otro una inversión estratégica y viable si ponemos un poco de sentido común. Hay que rehacer caminos. Las ZEPA se pueden reubicar, los condicionanates a la producción se pueden ajustar a la realidad de lo que se quiere proteger y se puede, asimismo, ampliar la participación pública en la inversión.