Amarres anti-Podemos

Es ampliamente conocido que el sistema electoral español presenta unos niveles de desproporcionalidad sumamente elevados o, lo que es lo mismo, favorece una clara infrarrepresentación en el Congreso de una significativa parte de la población gracias a la combinación de algunos elementos perversos: el número prefijado de escaños según población por demarcación (prorrateo desviado), la reducida dimensión de los distritos provinciales y la fórmula d'Hondt. Todo esto ocasiona sesgos equivalentes a los que se registran en países con alguna variante de sistema mayoritario como el Reino Unido o Francia.

El principal efecto de esto es la baja fragmentación partidista: la diferencia entre el número de partidos electorales y el de partidos parlamentarios. Además, desde las primeras elecciones legislativas de 1977, el número de competidores se ha ido reduciendo y el de partidos con representación parlamentaria se ha mantenido en términos bajos. Generalmente, PP y PSOE, y en su momento UCD y PSOE, superan holgadamente el 80% de los escaños (en el 2008 llegaron incluso al 92%), mientras que en el Reino Unido la concentración es del 86% de ya Francia del 85 %. Los partidos minoritarios, con soportes electorados dispersos en todo el Estado (PCE-IU, CDS, UPyD), o de otros que disponen de electores concentrados en unos pocos distritos presentan o bien un nivel de equilibrio a la baja (CiU y PNV) o salen claramente perjudicados (ERC).

Se sabe que la distancia en número de escaños entre los dos partidos mayoritarios mermaría en todos los escenarios de reforma diseñados por los expertos (por ejemplo, mediante la sustitución de la fórmula d'Hondt para la cuota Hare, más proporcional). Por ello, PP y PSOE, los únicos partidos con capacidad para impulsar una reforma significativa de los elementos del sistema no tienen ningún incentivo para hacerlo, y tal vez por ello aducen, para impedirlo, la necesidad de consenso alrededor de un sistema que, aseveran, no solo ha funcionado razonablemente bien sino que ha fomentado la conformación de gobiernos estables y evitado la excesiva atomización partidista.

Petición de dictamen al Consejo de Estado

Por su parte, es obvio que el resto partidos no tienen suficiente fuerza para forzar un cambio de esta magnitud. Prueba de ello es que tras las generales del 2008 y del 2011, la reforma del sistema electoral ocupó un lugar preeminente en la agenda política española, y al inicio de sendas legislaturas llegaron al Congreso propuestas que incluso, motivaron la petición de un dictamen al Consejo de Estado y a la Junta Electoral Central, sin que haya habido sin embargo reformas apreciables.

Previsiblemente, el actual escenario de no-reforma electoral continuará, y especialmente a la vista de algunos cambios que auguran las encuestas, especialmente el ascenso de Podemos. La resistencia de los grandes partidos solo cedería ante la presión de amplios sectores sociales en caso de que se produjera en España un resultado no monótono, es decir, que el primer partido en votos no fuera el que obtuviera mayor número de escaños. Esto es relativamente inédito en países con fórmulas de representación proporcional, pero se puede dar, como demuestra el caso de Catalunya en dos ocasiones (2003 y 2006).

Con todo, es más probable que si pasara eso, la solución de los dos grandes fuera tratar de otorgar primas adicionales a los partidos ganadores en porcentaje de votos pero no en escaños. Esto es lo que recientemente ha propuesto el PP para las elecciones locales, con el pretexto de la necesidad de estabilidad aunque lo que se pretende es asegurar alcaldías que peligran. Esta 'impotentia reformandi' parece afianzarse si tenemos en cuenta, además, que los partidos nacionalistas o soberanistas, a pesar de continuar siendo pivotales con cualquier sistema electoral razonable, no querrán llegar a alianzas con PP y PSOE en el futuro, a la vista de la cuestión territorial. Y no parece fácil, aunque no se puede descartar, una gran coalición en la alemana. Virgencita, virgencita ...

Así, a pesar de la emergencia electoral de Podemos, tras las europeas de mayo del 2014, y a la luz de encuestas, la fractura del bipartidismo se producirá previsiblemente en pocas provincias, las más pobladas. Los dos grandes partidos querrán mantener un sistema electoral que ancla fuertemente el bipartidismo casi perfecto desde la transición. Especialmente la izquierda tradicional, que asocia a diario a Podemos con el populismo, y que es consciente de que esta formación se nutre, según estudios electorales y poselectorales, tanto de abstencionistas como de votantes suyos. Y sobre todo, a la vista de que exhibe un envidiable nivel de movilización, que eleva el porcentaje de posibles votantes, en contraposición con la desidia de los votantes más conservadores.