Inflación en la oferta universitaria

Una de las tareas más importantes que debe hacer un gobierno en materia universitaria es procurar que la oferta formativa de educación superior del país sea rica, equilibrada, competitiva y pensada en clave de servicio a la sociedad. El 29 de octubre, la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya aprobó finalmente que la Universitat de Lleida pudiera impartir el grado de veterinaria en el curso 2015-2016, culminando así un proceso largo, pesado y muy duro.

No ha servido mucho poner sobre la mesa del Govern datos económicos sobre el elevado coste que supone para la ciudadanía financiar unos estudios en los que los estándares europeos son extremadamente exigentes en cuanto a instalaciones, nivel del profesorado o volumen de casos clínicos que tienen que ver los estudiantes. Ha sido estéril también poner de manifiesto que países como Noruega, Finlandia, Holanda, Dinamarca o Suecia solo tienen una facultad de veterinaria o que países mucho más grandes que Catalunya, como Francia, tienen cuatro. Tampoco ha servido de nada la constatación de que en los últimos cuatro cursos solo 15 estudiantes provenientes de las comarcas de Ponent han accedido a los estudios de veterinaria de la UAB, o la oposición de los colegios de veterinarios de Catalunya, advirtiendo del error que conlleva esta decisión.

450 grados y 500 másteres

La programación del nuevo grado de veterinaria no dejaría de ser una anécdota, eso sí, con un coste de 2,5 millones anuales, si no fuera la culminación de una política de programación que no ordena el sistema de educación superior de nuestro país, y nos está abocando a una inflación de la oferta universitaria insostenible. Catalunya tiene en marcha cerca de 450 grados y 500 másteres. Sin embargo, la junta general del Consell Interuniversitari de Catalunya aprobó la creación de más grados y másteres para el curso 2015-2016 sin un previo análisis profundo de nuestra oferta.

Que los 450 grados catalanes, más de la mitad dispongan de plazas libres en septiembre, debería ser un indicador de que la oferta está sobresaturada y que antes de programar nada nuevo, las universidades y el Govern deberían hacer una reflexión que nos llevara a eliminar lo que no es necesario, o es redundante e ineficiente desde el punto de vista académico y social. No tiene sentido que nos empeñamos en replicar titulaciones que en algunos centros no llegan a los 10 estudiantes de entrada. El coste económico y académico que supone no es asumible en un sistema universitario que se esfuerza por alcanzar los estándares de las mejores universidades del mundo. ¿Qué sentido tiene que se apruebe un nuevo grado en turismo cuando ya tenemos 13? ¿Qué sentido tiene que se apruebe uno nuevo en fisioterapia cuando ya tenemos 10? ¿Qué objetivo hay detrás?

La razón la tenemos que buscar en el modelo de financiación de las universidades públicas catalanas, basado principalmente en el volumen de créditos que matricula cada universidad. A más créditos, más subvención. Un modelo que no incentiva la excelencia académica y científica, en la capacidad de lograr recursos en convocatorias competitivas internacionales o en políticas de empleabilidad de los graduados, y que solo se fija en cuántos estudiantes tienen las titulaciones, es un modelo inadecuado.

Disminución de la subvención pública

Dadas las características de nuestro modelo de financiación y dado que la disminución de la subvención pública ha sido desmesurada en los últimos años, las universidades públicas se ven abocadas a una carrera incontrolada de querer programar más titulaciones para captar más estudiantes que nadie para poder disponer de los recursos necesarios para hacer frente a sus necesidades. Esto explica, por ejemplo, que nuestro país dé acceso a los estudios de criminología a 500 estudiantes cada año, o que a pesar de tener una de las tasas de facultades de medicina por millón de habitantes más altas del mundo, aunque alguna universidad quiera crear una nueva.

¿A qué nos lleva esta política? A la irracionalidad. Programar mucho no hace mejor la universidad; al contrario la obliga, por ejemplo, a adoptar políticas de profesorado orientadas a asumir un volumen de docencia considerable haciendo uso excesivo de figuras contractuales con salarios muy bajos, en lugar de apostar por otras vinculadas a la investigación y a la generación de conocimiento.

Catalunya formará más veterinarios a costa de formar menos ingenieros o bioquímicos. La población debe tener muy claro que sus impuestos no habrán contribuido a formarlos mejor, que sus impuestos se usarán, simplemente, para formar más, añadiendo aún más dificultades a las que ya tienen para acceder al mercado laboral.