ANÁLISIS

Hacia la consulta definitiva

Si alguien quiere de verdad evitar la ruptura y luchar ya está tardando en proponer un proceso de reformas que permita votar

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Las instituciones del Estado demostraron ayer que ante un problema de naturaleza política no basta con plantear el debate exclusivamente en términos jurídicos. Ni el Gobierno de España instó a la paralización del proceso participativo, ni los jueces atendieron las demandas que planteaban el cierre de los puntos de votación. No era una respuesta evidente de quienes sueñan con la ilegalización de las asociaciones independentistas, sugieren la suspensión de la autonomía y alertan del carácter antidemocrático de lo ocurrido.

Cuando de forma reiterada centenares de miles de ciudadanos se manifiestan para reclamar la celebración de una consulta donde se pregunte por la independencia, las instituciones democráticas deben ponerse al servicio de los mismos: pactando el procedimiento, reformando los mecanismos para su celebración, fomentando un debate honesto y convocando un proceso del que todo el mundo se pueda sentir partícipe. De nada sirve ya alertar de la imposibilidad de plantear algo que ayer se planteó y que, si no se ofrece otra salida, acabará en unas elecciones que podrían llevar asociadas más inestabilidad de la que teóricamente se pretende evitar.

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Si ayer hubo un proceso de participación masiva sin garantías, fue en gran medida porque quienes podían haberlo transformado en un proceso formal (las instituciones y los partidos de ámbito estatal) han preferido ignorarlo. No tiene ningún sentido, por tanto, que aún haya quien se escude diciendo que ayer se convocó un proceso participativo sin garantías y sin consecuencias.

El president de la Generalitat, Artur Mas, ya ha avisado de que todavía no se ha celebrado en Catalunya la consulta definitiva y que un adelanto electoral serviría como mecanismo sustitutorio del referéndum. Dado el elevado grado de cumplimiento de promesas al que nos tiene acostumbrado Artur Mas, si allende el Ebro alguien quiere de verdad evitar la ruptura y luchar por un futuro compartido ya se está tardando en proponer un proceso de reformas que permita debatir y votar con todas las garantías y con todas las consecuencias sobre esta cuestión.