04 abr 2020

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El clan Pujol y sus cómplices

Jaume Asens

El 'expresident' ha hecho un enésimo favor al PP: permitirle disimular su corrupción y deslegitimar el 9-N

La confesión de fraude fiscal del clan Pujol ha supuesto un auténtico terremoto político. Desde algunos ámbitos políticos y mediáticos cercanos a CiU se ha intentado presentarla como un asunto simplemente personal y familiar. Desde otros, más ligados al PP, como una prueba del carácter intrínsecamente corrupto del nacionalismo catalán, que habría inventado el debate sobre el derecho a decidir para ocultar sus miserias. Ni una ni otra, sin embargo, parecen aceptables.

Jordi Pujol es una figura que acaparó grandes cotas de poder en Catalunya. Ese poder, como se ha demostrado en más de una ocasión, fue utilizado para influir en jueces, silenciar periodistas y frenar investigaciones parlamentarias. Pero no era un poder autónomo. Se explicaba, entre otras razones, por los apoyos de CiU al PSOE, primero, y al PP, después, y por el interés de las élites económicas catalanas y españolas de evitar la irrupción de otras alternativas políticas en Catalunya. Como recordaba recientemente Albert Sáez en este diario, eran los tiempos en los que Abc nombraba al presidente catalán «español del año».

El silencio de la Agencia Tributaria

Cuando el ministro Montoro arremete contra Pujol, olvida explicar las razones del silencio que la Agencia Tributaria mantuvo durante todas esas décadas. Este silencio no es casual. Y es que el pujolismo resulta inexplicable sin los fuertes aliados económicos y políticos con los que contó, dentro y fuera de Catalunya. Ya en el pasado, la presión de distintos poderes del Estado fue determinante para el cierre de la instrucción de casos oscuros que involucraban al 'expresident', como el de Banca Catalana. Y no es descabellado pensar que si las nuevas irregularidades que rodean al clan Pujol se han hecho públicas en buena medida ha sido porque el proceso soberanista en Catalunya ha propiciado una ruptura de ciertos acuerdos de impunidad y protección mutua que en el pasado funcionaron sin problemas.

La mera existencia de patrimonio oculto en Andorra y en otros territorios calificados legalmente como paraísos fiscales, sin que se pueda justificar su procedencia lícita, obligaría a la fiscalía y a la autoridad judicial a iniciar una profunda investigación de los hechos. Con todo, no se puede caer en la ingenuidad. En tiempos de corrupción ascendente, es difícil que los poderes de Estado -incluido el judicial- vayan a propiciar una investigación a fondo de estos casos de manera espontánea. Y mucho menos un Gobierno involucrado en tramas de corrupción tanto o más escandalosas que las que hoy rodean al clan Pujol, como las ligadas a los casos Gürtel o de Bárcenas.

Cuando uno escucha al ministro Montoro, advierte el enésimo favor que Pujol le ha hecho al PP. Por un lado, le ha proporcionado una excusa más para disimular sus propios casos de corrupción de Estado. Por otro, le ha brindado argumentos para deslegitimar una consulta que el 80% de la sociedad catalana apoya y que tiene su origen no en una ocurrencia de CiU, sino en una amplia movilización ciudadana contra las agresiones centralistas del PP y un modelo constitucional autonómico que hace tiempo ha mostrado sus límites.

Impedir la impunidad

De ahí la importancia del anuncio de querella realizado por la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona hace una semana. Y de ahí la importancia, también, de la presentada ya como acción popular por Podemos y Guanyem Barcelona y a la que se van a sumar ICV-EUiA, Procés Constituent y el Partido X. A diferencia de lo que plantean organizaciones de extrema derecha como Manos Limpias o Plataforma per Catalunya, esta acción popular pretende ser una impugnación no solo del declarado fraude de Jordi Pujol, sino del pujolismo y del régimen que lo ha utilizado como aliado mientras le convenía. Y parte de espacios comprometidos de manera clara y explícita con el derecho a decidir en Catalunya.

En un contexto en el que derechos sociales básicos son eliminados en nombre de la austeridad y de las limitaciones fiscales, resultaría escandaloso tratar el fraude cometido desde las instituciones como un asunto menor. Por eso es importante que la ciudadanía y las formaciones que aspiran a una regeneración democrática auténtica, de fondo, actúen. Contra los Pujol, contra los Bárcenas, contra los Urdangarin, contra los Millet y contra los grandes corruptores del mundo financiero-constructor-inmobiliario. Porque solo esta presión desde abajo está en condiciones de impedir que la crisis se salde con la impunidad de sus principales responsables. Vengan del partido que vengan.

Este artículo lo firma también Gerardo Pisarello, jurista y asimismo miembro de Guanyem.