La clave
¿Votar? Sí: una reforma constitucional
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
Tarde o temprano tenía que suceder. Tanto la Zarzuela como la Moncloa, con gobiernos de uno u otro signo, siempre han sido conscientes de que cualquier modificación legislativa en relación al estatus de la Corona reavivaría el alma republicana de la izquierda española, latente aunque postergada desde los pactos de la transición.
Desde su trinchera del Consejo de Estado, José María Aznar abortó con su voto particular el consenso entre PP y PSOE sobre la reforma constitucional promovida por José Luis Rodríguez Zapatero, que entre otras cosas pretendía suprimir la anacrónica preferencia del varón en la sucesión a la Corona. Pese al informe favorable de este órgano consultivo, los populares, a remolque de Aznar, vetaron los retoques territoriales de la Carta Magna. El entorno del rey Juan Carlos, por su parte, siempre desaconsejó que el cambio constitucional se limitara a la sucesión dinástica, justamente para evitar que el posterior referendo deviniera un plebiscito sobre la Monarquía. De ahí que el proyecto de Zapatero acabara olvidado en un cajón.
Legitimidad democrática
Ahora el poscomunismo que reniega del legado pactista de Santiago Carrillo, la izquierda catódica consagrada en las europeas y jóvenes cuadros socialistas ajenos a la transición proponen, a cuenta de la abdicación del Rey, que se celebre un referendo para que las nuevas generaciones resuelvan la disyuntiva entre Monarquía y República. Lo cierto es que, salvo las voces del PSOE, esa izquierda reclama para los españoles lo mismo que reivindica para los catalanes: el derecho a decidir en las urnas el modelo de Estado.
Pero el momento elegido es erróneo. La ley que sanciona la abdicación real cumplimenta una previsión constitucional; no puede, por sí misma, activar una mutación constitucional. El cambio de régimen que exigen algunos pasaría por las urnas, sí, pero mediante un triunfo electoral que les confieriese legitimidad democrática suficiente para promover una Constitución republicana y, luego, someterla a votación. En la segunda transición inaugurada por el Rey se pueden depositar algunas esperanzas, pero quizá no tantas.
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