10 abr 2020

Ir a contenido

Las lecciones de Corrala Utopía

Joan Coscubiela

 El conflicto surgido en el seno de la Junta de Andalucía por la decisión de la Consejera Elena Cortés de IU de realojar a las familias desalojadas de la Corrala Utopía y la reacción contraria de la Presidencia de la Junta, tiene lecturas que van más allá de la crisis de Gobierno y suscitan algunas reflexiones de calado político e ideológico.

El debate sobre si esta decisión de realojar a las familias desalojadas de la Corrala Utopía supone un agravio para otras familias sin viviendas y si comporta un incentivo para las persones que se movilizan para ejercer sus derechos, que ha llevado a los dirigentes socialistas a utilizar unos argumentos que la izquierda nunca debería coger prestados de la derecha.

Es obvio que el respeto a la ley y la no discriminación son valores que la izquierda debe defender. La ley es o debiera ser la protección que los débiles tienen frente a los abusos y la posición dominante de los poderosos. Y en este sentido, Susana Díaz jugaba a favor de viento. Pero detrás de esta afirmación obvia, la del respeto a la ley y la no discriminación se han escondido corrosivas argumentaciones.

Parece obvio que la decisión de la Consejería de Vivienda de realojar transitoriamente a las familias desalojadas cumple con el Auto del Juzgado de Instrucción de Sevilla, que obliga a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla a proveer lo necesario para garantizar vivienda a las familias desalojadas con hijos menores o que estén en riesgos de exclusión. Y además cumple con la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que pretende encontrar un reequilibrio entre el desprotegido derecho a una vivienda digna y el superprotegido derecho a la propiedad privada. Así parece reconocerlo implícitamente el acuerdo entre PSOE e IU que cierra la crisis de Gobierno.

Pero el debate no es solo ni prioritariamente de legalidad. El intento de confrontar a las familias realojadas con el resto de familias en lista de espera no debiera haberse utilizado nunca desde las filas socialistas. No hace más que tomar prestada la ideología de la derecha y una de sus principales estrategias de dominación social.

La derecha lo utiliza en el ámbito laboral, cuando alega que los trabajadores con derechos son los culpables de la falta de empleo y derechos de los precarios. Y que le lleva a acuñar una máxima que viene a decir “Repartiros el salario entre vosotros, que los beneficios del capital no se tocan y de impuestos ni hablar”. Se utiliza también para confrontar ciudadanos españoles con los inmigrantes. En el fondo la derecha intenta y consigue que los trabajadores sustituyan el conflicto social entre clases por el agravio comparativo entre ellos. Y la izquierda no debería caer nunca en esta trampa.

El segundo argumento utilizado desde las filas socialistas tiene aún más peligrosidad. Se han dicho cosas que creo deberían ser repensadas por sus autores. Del estilo de “atendemos a quien más lo necesita, no a quien más grita” o “no se puede premiar a los que dan una patada en la puerta. En el trasfondo de estas afirmaciones subyace la idea de que no se puede atender prioritariamente a quien se moviliza por sus derechos. Algunos medios de comunicación han llegado a calificar la decisión de la Consejera Elena Cortés de IU como   de Plan para Okupas.

A pesar de que ya se ha explicado que el realojamiento transitorio no supone una alteración de las listas de espera en el acceso a la vivienda, ni una discriminación hacia el resto de familias, sino el cumplimiento de un mandato judicial, en esa imputación subyace una peligrosa ideología.

Es cierto que los poderes públicos suelen hacer más caso a quienes se movilizan y presionan. Esto pasa en todos los aspectos de la vida. En el ámbito laboral, los gobiernos suelen hacer más caso a quienes exigen su derecho al empleo movilizándose. Esa es una de las razones por las que el PP en su Reforma Laboral ha acabado con la autorización administrativa previa en los despidos colectivos. Se trata de dar más poder al empresario y quitárselo a los trabajadores que han perdido su capacidad de presionar al poder político.

Seria bueno no olvidar que algunos sectores sociales utilizan para presionar medios más sofisticados, como los lobbies, las puertas giratorias, los editoriales. Y los que no tienen acceso a estos mecanismos de presión versallesca, utilizan la movilización social y la lucha. No parece que ello pueda criticarse desde una perspectiva de izquierdas.

¿Que es sino la PAH? Las personas agrupadas en la PAH consiguen, con menos dificultades que otras, acuerdos con entidades bancarias para quitas, mora o daciones en pago. Consiguen que no se les desaloje de sus viviendas. Consiguen en algún caso que se les ofrezca en alquiler. Los Bancos y poderes públicos respetan mas a quienes se movilizan por sus derechos que a quienes no lo hacen.

Es absolutamente legitimo en términos democráticos que los ciudadanos no confíen exclusivamente en los resortes institucionales para garantizar su derecho constitucional a una vivienda digna. Sobre todo cuando comprueban en su propia piel y en la de sus familias que estos resortes no funcionan. Y es legitimo y lógico que si está en sus manos se agrupen para presionar en aras a un mayor equilibrio entre su derecho a la vivienda infraprotegido y el derecho a la propiedad privada, superprotegido por los poderes públicos.

Negar la legitimidad de estos comportamientos, es negar la historia de los movimientos sociales y del propio socialismo. Y pone de manifiesto hasta que punto, la ideología conservadora ha colonizado las mentes de algunos "gestores" políticos.