Los derechos ciudadanos

La libertad y el cangrejo

Con la nueva ley de seguridad ciudadana y la supresión de la justicia universal, España va para atrás

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La democracia tiene por base formal la elección por los ciudadanos de quienes van a ser sus representantes. Sin votaciones libres e igualdad de oportunidades no hay democracia. Pero igualmente es esencial que la actuación permanente de los gobernantes se rija por dos pilares absolutamente fundamentales de una democracia como son la libertad y la justicia. Cuando esto no es así, se quiebra el modelo de Estado democrático de derecho que configura la Constitución. Y hay que alzar la voz. Un Gobierno, por muy claro que haya sido su triunfo electoral, no tiene un cheque en blanco para hacer lo que quiera en todo momento. Solo lo tiene para cumplir el programa con el que el candidato a presidente obtuvo la confianza del Congreso y siempre que se mueva en lo que es el respeto a la Constitución.

Ya sabemos el respeto y el valor que los mandamases peperos otorgan a la palabra dada. Todo era mentira. Aun siendo casi todos los gobiernos incumplidores de algunas de sus promesas, el actual bate todos los récords y pasará a la historia, entre otras cosas, como el que más ha eludido sus compromisos. Pero en el ámbito del respeto a la democracia y los valores constitucionales, estos dirigentes también van a convertirse en campeones de violaciones. Ya en otras ocasiones denuncié algunas regresiones, y esto parece una constante en su actuación. Hechos recientes evidencian que la involución democrática sigue un avance implacable.

Es un hecho cierto que hace tiempo que la izquierda europea está muy perdida, sin identidad, muy desideologizada y sin rumbo. En el caso español, eso es patente y patético. En cambio, la derecha ha encontrado su línea, lo que es visible en varios países, entre otros Francia, donde los liberales y los centristas han desaparecido, los conservadores están en recesión y hay un partido emergente situado sin rubor (los de aquí intentan disimular) muy a la derecha y que supone un notable peligro de las libertades futuras. En el caso de España está sucediendo igual por la vía de los hechos. Un partido como el PP fue perdiendo su sustrato ideológico centrista y se presentó como partido conservador, pero al conseguir el poder con una mayoría absoluta en el número y absolutista en  el ejercicio ha dejado paso (acaso le sale lo que lleva dentro) a una derecha muy reaccionaria.

Hay asuntos de gran actualidad que reflejan esa deriva cada vez más autoritaria. Así, el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana supone una regresión muy notable. Ciertamente, la seguridad es un valor a proteger, pero no a costa de pisotear las libertades. El diseño del texto tiene por base una mentalidad muy represora. Es enorme el margen de discrecionalidad política que deja para penalizar conductas, y además, de un modo muy desproporcionado. Es como los 613 mandamientos de la Torá castigados, además, con calenturientas penas del infierno. Tiene profundas sombras de inconstitucionalidad en medidas de seguridad extraordinarias o prohibiciones de paso arbitrarias, la posibilidad de retener a ciudadanos, etcétera. El Manuel Fraga de «la calle es mía» en los 70 era mucho más demócrata que sus descendientes ideológicos, que están más en la línea de Le Pen. Hasta el Consejo Fiscal ha sido muy crítico.

Otra iniciativa con la que se están limitando valores constitucionales es la pretendida supresión de la justicia universal. Admitir con naturalidad que un dirigente de cualquier país acusado de crímenes horrendos contra la humanidad o de genocidio pueda desplazarse con total tranquilidad por cualquier lugar al no tener riesgo de que un juez español pueda imputarle es un inmenso retroceso. Si Garzón no hubiese actuado cuando el sangriento Pinochet estaba en Londres de paso, no se habría producido lo mínimo que merecía: un intento de enjuiciamiento para evitar la impunidad absoluta. En la capital británica le visitaría Margaret Thatcher, tan admirada por los derechistas hispanos. El ya exrepresor ucraniano Víktor Yanukóvich podría dormir aquí muy tranquilo.

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Tenemos también las órdenes a las fuerzas de seguridad para una represión gravísima de personas que huyen de la desesperanza y solo quieren llegar a un mundo autocalificado de civilizado pero que es cruel. Los hechos de Ceuta y Melilla revelan la mentira y el cinismo, y también un comportamiento despiadado. Se han incumplido la ley de asilo y el derecho humanitario. Y además de producirse la muerte de personas en el agua está la negativa a esclarecer la verdad y, por supuesto, a asumir responsabilidades. La Unión Europea venía investigando a España por la exclusión de asistencia sanitaria a los que vienen sin papeles (pero con más dignidad que ellos). Ahora lo hará, y con mucha fuerza, sobre estos graves hechos recientes.

Vamos como el cangrejo.