Aborto secreto y culpable

A una compungida Vera Drake le pregunta el policía: «Se da cuenta de que esto es un acto criminal?». «No, querido, así lo llama usted», responde la acusada. Vera Drake es una mujer británica, humilde, que en la época de los 50 ayuda a abortar a chicas jóvenes, una actividad ilegal en aquel entonces. Mike Leigh retrató su historia en una magnífica película: El secreto de Vera Drake (2004). El cine nos ha mostrado en muchas ocasiones el drama del aborto, desde Las normas de la casa de la sidra a la ganadora de la Palma de Oro de Cannes 4 meses, 3 semanas y 2 días. En todas ellas, siempre el mismo tema, el aborto clandestino y sus consecuencias.

Esto, que nos suena tan lejano, tan improbable, podría volver a ocurrir en nuestro país si prosperase el anteproyecto de ley sobre la reforma del aborto. Un anteproyecto de ley que nos hace retroceder más allá del año 1985 y que no encaja en la España actual, ni tan siquiera con los votantes del Partido Popular, tal y como apuntan las encuestas. Tampoco les gusta a algunos de los dirigentes del PP, como hemos podido comprobar estos días con las múltiples declaraciones de varios de sus altos cargos en contra del anteproyecto de ley.

Esta reforma no es una prioridad para la ciudadanía, pero el Gobierno de Mariano Rajoy insiste y pretende eliminar una ley de plazos -vigente en nuestro país y en la mayoría de países de Europa- para pasar a una ley de supuestos. Y el motivo es que supone un rédito electoral para su partido y que así quizá expía sus culpas por no cumplir gran parte de su programa electoral.

Tal y como está redactado el anteproyecto, más de 100.000 mujeres quedarían excluidas cada año de la posibilidad de elegir sobre su maternidad. Sabemos que un 40% de ellas abortan por razones económicas y sociales y que un 60% lo hacen por razones íntimas y personales. Pero en el 2011 más de 3.000 mujeres abortaron por una patología fetal, y con la reforma legislativa que propone el Gobierno el 99% de ellas quedarían fuera de la ley, ya que solo el 0,9% de las malformaciones fetales son incompatibles con la vida. Y si tenemos en cuenta los pasos médicos y judiciales que contempla la ley para llevar a cabo una interrupción del embarazo, es casi imposible cumplir los plazos legales.

El siguiente paso que cabe esperar de este Gobierno será focalizar el debate en el tema de las malformaciones fetales intentando hacernos creer que, arreglando este supuesto, la ley dejará de afectar a nuestra libertad sobre el embarazo. Nada más lejos de la realidad.

Los ciudadanos de este país hemos luchado mucho, durante generaciones y durante demasiado tiempo, para que se reconocieran nuestros derechos y libertades más fundamentales, y las mujeres hemos tenido que hacer el doble de esfuerzo para disfrutar de esos derechos en pie de igualdad.

Incluso ya en democracia, tardamos años en tener una ley de plazos homologable al resto de los países de Europa; una ley aprobada por el Gobierno socialista, que contó con un amplio apoyo parlamentario (PSOE, IU, PNV, ERC, Coalición Valenciana, Nafarroa Bai y dos diputados de CDC) y que hoy tiene una amplia aceptación de los ciudadanos, incluso de un 60% de los que se declaran católicos. Nuestro país tiene hoy la misma tasa de abortos que otros países de nuestro entorno, como Francia, Italia, Finlandia, etcétera. ¿Dónde está el problema?

El ministro Ruiz-Gallardón utiliza el derecho de las mujeres a ser o no ser madres como moneda de cambio para contentar a los sectores más reaccionarios de su partido y a la Conferencia Episcopal. Pero los derechos de la mujer en este país valen mucho más que la ambición política de un ministro, por legítima que esta sea. Solo hay que leer el título: Anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. ¿Tienen las mujeres embarazadas derechos distintos de los de las demás mujeres?

Se vanagloria el ministro de que con su reforma las mujeres no tendrán penas de cárcel ni multas porque ellas no son culpables sino víctimas. Las mujeres no somos víctimas. Somos ciudadanas libres y por eso no necesitamos que decidan por nosotras. Pero con esta reforma Vera Drake volverá al secreto, a ser culpable. Ella y cualquier médico que realice un aborto tendrán penas de cárcel, tal y como dice el primer artículo del anteproyecto de ley. ¡El primero!

El Gobierno de Rajoy ha propuesto un proyecto que va más allá de las indicaciones. Es un texto de prohibiciones: nos prohíbe a las mujeres decidir sobre nuestra maternidad y nuestra vida, y sobre todo nos prohíbe decidir nuestro futuro. Médica y senadora del PSC.