La universidad ante su reforma

Resuenan voces desde Madrid que apuntan a que, una vez tramitada y aprobada la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en el 2014 ha llegado el turno de la tan anunciada reforma universitaria. En Catalunya, el Govern también ha dado señales en la misma dirección. Ahora es necesario que, si los augurios se cumplen, los resultados alcanzados conduzcan a una real y efectiva mejora del sistema universitario catalán y español.

Base para abordar cambios normativos y estructurales hay. La universidad pública lleva tiempo en debates internos y externos sobre la financiación, la gobernanza y otros aspectos de su funcionamiento. Los distintos gobiernos se han ido sucediendo y las reformas nunca han superado la fase del anuncio. Quizá sí que ha llegado el momento. Pero hagámoslo bien.

Hacerlo bien significa que las reformas, como mínimo, deben estar presididas por el rigor, la argumentación, la participación y la búsqueda de consenso. Rigor que detecte impactos y aleje los tacticismos y los falsos tópicos ampliamente difundidos; argumentación que facilite el diálogo y el contraste entre diferentes maneras de concebir la universidad; participación que implique necesariamente a las universidades en un proceso abierto; consenso que permita lograr un marco estable de funcionamiento.

Componentes ideológicos

Los cambios normativos que responden básicamente a componentes ideológicos y no persisten en el consenso acaban teniendo desarrollos complicados y la incertidumbre de un futuro cambio en función del próximo Gobierno. Esta inestabilidad no favorece la calidad educativa ni la investigadora, que requieren de la continuidad de las reglas para consolidar incentivos, expectativas y dinámicas. Si hay un ámbito en el que no debería haber espacio para las disputas partidistas y planteamientos simplistas es el de una política ambiciosa en relación con los estudios superiores y la investigación de calidad.

Hacerlo bien significa, también, que al final del proceso la autonomía y la responsabilidad de las universidades deben verse reforzadas. La falta de avance en este punto, y no digamos ya una involución, supondría la inanidad de la reforma y el derroche de todos los esfuerzos empleados en ella. Si la pretensión es reducir esta autonomía y el poder de decisión de las universidades, contará con nuestro responsable rechazo. Una reforma que no facilite las herramientas para poder disminuir los agravios comparativos con las universidades de nuestro entorno internacional más cercano y situarnos en una mejor posición competitiva no puede ser bienvenida.

Creo que en el 2014 el alcance de la reforma será limitado. Dudo de que el Gobierno central emprenda una modificación sustancial de la ley orgánica de modificación de la ley orgánica de universidades (LOMLOU) y vaya más allá de proponer cambios puntuales en temas como gobernabilidad y profesorado, entre algún otro. Pero, sea como sea, todo lo dicho antes es válido.

Es más, en la Universitat de Barcelona, conscientes de la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos, hemos entendido que los cambios no pueden esperar y ya hemos emprendido el camino de la reforma, empezando por la reforma del estatuto que nos rige y que hay que modernizar. Esta propuesta de cambio estatutario, aún en discusión, tiene presente la dimensión y la flexibilidad como componentes esenciales para permitir una mejor adaptación al fluctuante contexto socioeconómico, tanto en lo referente a la financiación pública como a las normas educativas.

Asimismo, con su reforma la UB adquiere un plus de autoridad para defender en todas las instancias en las que esté legitimada para ello todas las propuestas que hayan sido debatidas y consensuadas por su comunidad universitaria.

Reformemos lo que haya que reformar. Eso sí, unos y otros, tratemos de hacerlo bien.