La maternidad no puede ser impuesta

La maternidad constituye un hecho que condiciona y determina la vida de una mujer. La situación idónea es llegar a ella voluntariamente, lo que redunda en un beneficio añadido para el nuevo ser que nace, deseado, esperado y amado. Cuando el embarazo es una contrariedad, un grave obstáculo, un drama incluso, forzar, obligar a ser madre se convierte en una presión gravísima de incalculables consecuencias, para ella y para su descendencia.

En la mayor parte de los países avanzados se resuelve esta situación, aceptando que el derecho de la mujer a configurar su vida, tiene preferencia a la protección de la vida humana dependiente, cuando esta no tiene aún viabilidad. Así se hizo en España hace tres años con la última reforma legal.

Debatimos cada vez las mismas cosas y mezclamos machaconamente conceptos. Se habla de asesinatos de no nacidos cuando se decide interrumpir el embarazo, y en cambio se les denomina preembriones si son congelados o manipulados en un tratamiento de fecundación artificial, donde pueden ser destruidos sin mayor carga dramática. Mezclamos derechos, que solo tienen las personas, con otros bienes jurídicos que merecen protección, como la vida humana dependiente. Les damos igual rango y establecemos preferencias que solo rigen si deben ponderarse derechos de la mujer frente al embrión, preembrión o feto y que pueden cambiar radicalmente si deben valorarse frente a la «ciencia», de ahí que estas cuestiones se regulen de modo tan contradictorio en las normas relativas al aborto y aquellas que tienen que ver con las nuevas tecnologías reproductivas.

Se proyectan imágenes de fetos desarrollados para provocar emociones, cuando no están comprendidos en la ley vigente que solo permite el aborto por libre decisión hasta la semana 14. Se habla de hijos, de niños, de seres humanos a fases del embarazo que no pueden tener existencia autónoma.

Pero hay otras reflexiones, además del derecho a configurar la propia vida que nos llevan a plantear si es lícita la terrible presión que supone «obligar» a ser madre. Exigir que alguien cambie su vida, de un modo tan sustancial y trascendente. Invadir su intimidad, privacidad e incluso su propia trayectoria vital.

El Tribunal Constitucional en la sentencia de 35/1985, dictada al examinar la primera despenalización parcial del aborto ya establecía que la relación de la mujer y el «nasciturus» es especial y ni siquiera el hombre puede intervenir en la toma de decisión. Proclamaba que el legislador está autorizado para excluir en determinados supuestos la tutela penal de la vida humana dependiente a través de la ponderación de los valores constitucionales que suponen la vida y la dignidad de la mujer, si resultaran contrapuestos. Pese a ello, no se recuerda que quien provoque una interrupción de embarazo, fuera de las permitidas por la ley, aun con consentimiento, será castigado con pena de prisión y la propia mujer condenada penalmente por ello.

Parece que las menores carecen de derechos personalísimos en estos ámbitos y se sitúa en la frivolidad la posibilidad explícita de tomar decisiones sin ser complementadas por sus progenitores. Ni la ley ni los usos sociales hacen que ello suponga una fiesta para ellas. La capacidad de decidir, sin más requisitos, supone evitar situaciones cuya ejecución iría por canales fuera del control sanitario necesario.

Pocos actos pueden afectar tan directamente a la persona e ir tan íntimamente unidos a ella como las decisiones sobre el propio cuerpo y la propia vida. Aunque generalmente, lo mejor para la joven será asistirse del apoyo, consejo y ayuda de quienes ostentan su potestad, es obvio que no acudir a ellos no puede transformar la conducta en delito.

La idea de la mujer como máquina reproductora, sin decisión propia y sometida al control social no desaparece de nuestro escenario político, por lo que nuevamente debemos abordar el debate tan antiguo y tan recurrente. Tres años después de que se reconociera el derecho a la libre maternidad, soplan vientos de retroceso, de volver al drama, a la clandestinidad, a la enfermedad mental como única coartada de libertad.

Vivimos tiempos en los que el sentir social no reclama penalizar a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo situándolas como delincuentes. No se considera una conducta merecedora de tal reproche. Ahora bien, si no se acompaña de la posibilidad de que el aborto se realice en condiciones sanitarias adecuadas, ya sea penalizando a los facultativos, ya sea impidiendo su realización en centros sanitarios, retrocedemos y abrimos la puerta a las intervenciones inseguras e insalubres. Tenemos mujeres en los escaños, no son mayoritarias, pero podrían impulsar estrategias conjuntas para evitar retrocesos tan sangrantes de nuestros derechos.