Pensiones públicas, asunto prioritario

En abril, y por acuerdo del Consejo de Ministros, un grupo de expertos recibíamos el encargo de definir el factor de sostenibilidad del sistema público actual de pensiones. Un sistema en el que, como es bien sabido, los gastos que se generan cada año como consecuencia del pago a los pensionistas se financian con los ingresos recibidos a partir, fundamentalmente, de las cotizaciones realizadas por la población activa. Un sistema, por tanto, de reparto, en el que intrínsecamente subyace un pacto intergeneracional entre los ciudadanos, que debe mantenerse en el tiempo. Un sistema cuyo funcionamiento debe ser totalmente transparente y conocido por la sociedad dado que, tarde o pronto, acabará derivando en la principal fuente de ingresos de nuestros mayores y en la nuestra propia.

Como comentamos públicamente en Madrid el día que hicimos entrega del informe, en la sociedad española, y obviamente también en la catalana, se producen dos hechos paradójicos, que no dejan de ser buenas noticias. La primera es que las personas jubiladas viven cada vez más como consecuencia del aumento de la esperanza de vida tras alcanzar los 65 años. La segunda, que, después de varias décadas aportando riqueza a la sociedad, las primeras cohortes de la generación del baby boomalcanzarán su jubilación a partir de la próxima década, con un incremento esperado del número de pensiones muy pronunciado. Las recientes estimaciones ofrecidas por la Seguridad Social hablan de un aumento del número de pensiones desde los 9 millones actuales hasta aproximadamente 15 millones en el 2050. Evidentemente, es esta combinación entre el número esperado de pensiones a pagar y el elevado número de años que viven los ciudadanos después de la jubilación lo que ha hecho saltar la alarma, en una situación además nada favorecida desde el punto de vista económico, con elevadas tasas de desempleo y pronunciadas caídas, por tanto, de las cotizaciones a la Seguridad Social.

ElInforme sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones tiene, desde mi punto de vista, diferentes funciones. Evidentemente, pone de manifiesto cómo se define y calcula dicho factor, compuesto en primer lugar por el factor de equidad intergeneracional, que busca que las condiciones de las pensiones sean iguales para todos los jubilados con independencia de la cohorte demográfica a la que pertenezcan, y en segundo lugar por el factor de revalorización anual, que tiene en cuenta la evolución de la relación entre los ingresos y los gastos del sistema, planteando como objetivo garantizar el equilibrio presupuestario a largo plazo. Se trata de un conjunto de fórmulas que más allá de su mayor o menor complejidad, inherente al objetivo perseguido, no debería impedir sin embargo que los ciudadanos percibiesen el elevado contenido social que se ha pretendido dar al informe, poniendo de manifiesto hechos que deben ser fundamentales en la sociedad actual y que no pueden ni deben pasarse por alto.

El informe hace referencia a un hecho que venía ocurriendo en nuestra sociedad, y es la aparente escasa preocupación que hasta la fecha parecía existir en el ciudadano de a pie sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesta de manifiesto, por ejemplo, en las encuestas de opinión. Esto no tiene por qué ser malo, probablemente, como muestra de la confianza que los individuos tienen en los canales democráticos que les representan, pero es necesario aflorar la relevancia que las pensiones tienen en la vida de los individuos, actuales y futuros, teniendo en cuenta el tiempo que se espera que van a necesitar percibirlas.

Otro hecho puesto de manifiesto es la necesidad de transparencia, condición necesaria para la sostenibilidad de un sistema de pensiones. Como se señala textualmente en el informe, por razones tanto económicas como sociales y políticas la ciudadanía debe estar implicada en el debate y la solución de los problemas del sistema. Y para ello debe estar informada sobre su estado y funcionamiento de forma regular y continua. Debe disponer tanto de información agregada, sobre el sistema, como desagregada, de su propia pensión, actual o futura.

El informe refleja adicionalmente que varios países de nuestro entorno ya aplican diferentes factores de sostenibilidad en sus sistemas de pensiones, probablemente porque los efectos de la llegada a la jubilación de cohortes muy numerosas de población han sido anteriores a cuando lo serán en nuestro país, o porque los desequilibrios económicos así lo han aconsejado.

Se trata, por tanto, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, de un objetivo perseguido por las diferentes sociedades, en el que todos de una manera u otra nos vemos implicados y sobre el que debemos exigir la máxima responsabilidad a la hora de tomar decisiones.