14 jul 2020

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Los cambios en el Estado

La improbable simetría

Francisco Longo

¿Puede prosperar la reforma administrativa si lo que la situación pide es una reforma constitucional?

Envueltos por un despliegue de retórica política, los planes del Gobierno para reformar el sector público han llegado en un informe con nombre de mujer. Podríamos bromear diciendo que la simetría con que se proyectan las reformas de las distintas administraciones pretende dotar a CORA de un aspecto acorde a los patrones de belleza clásica. El problema es que, en punto a simetría, nuestro Estado de las autonomías -piedra de toque de las transformaciones anunciadas- se parece más, es un decir, a Rosy de Palma que a Penélope Cruz, por no salir del universo de Almodóvar.

YENDO MÁS ALLÁ de las medidas para la Administración General del Estado, el énfasis de las reformas se pone en la eliminación de duplicidades entre los diferentes niveles de administración. Esta viene siendo la clave de bóveda del discurso del PP sobre el sector público. Muchas propuestas de CORA en este sentido son sensatas, e incluso algunas que son discutibles merecerían ser discutidas. No lloraría yo demasiado, por ejemplo, por la desaparición de las defensorías del pueblo, incluida, si la Constitución lo permitiera, la de ámbito estatal. Menos recomendable sería el subsumir el control externo de la regularidad presupuestaria en un único -y, en su configuración actual, obsoleto- tribunal central de cuentas. Luego, podríamos hablar de consejos, observatorios, organismos reguladores, cadenas de televisión, cooperación exterior, embajadas y de lo que quieran. Pero en materia de reforma institucional, tan importantes como los contenidos, o incluso más, son los procesos de cambio, y aquí nuestro mapa administrativo vuelve la cosa tozudamente complicada.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha puesto el acento en la reducción del gasto público, que se fija en más de 17.000 millones de ahorro anual. Para que ese objetivo no acabe en una versión más del cuento de la lechera, es imprescindible que las comunidades autónomas, titulares de la mayor parte de los servicios públicos, acepten el juego. Y para conseguirlo, la persuasión -un arsenal de datos sobre duplicidades ineficientes- y la presión -los incentivos ligados a la ley de estabilidad presupuestaria y, tal vez, al llamado «déficit a la carta»- son los instrumentos que el Gobierno exhibe. ¿Serán suficientes? ¿Lo serán por igual en todas las administraciones implicadas?

Parece poco probable. Un primer problema, bien conocido, será la renuencia de muchos a prescindir de feudos que sirven a los partidos para remunerar a las propias clientelas. En este sentido, el color político de los gobiernos autonómicos no ha bastado para predecir su grado de docilidad -véase el sinuoso rumbo de la reforma local- a las iniciativas de adelgazamiento. La opinión del electorado es otra variable destacada, y parece operar en España de un modo fuertemente asimétrico. Reiterados estudios demoscópicos muestran que en la mayor parte de las comunidades autónomas una amplia mayoría ciudadana comulgaría con el impulso recentralizador del Gobierno. Esto podría facilitar las cosas, pero no es el caso del País Vasco y Catalunya, donde las mayorías electorales expresan, por el contrario, una creciente voluntad de autogobierno, lo que hace impensable que sus gobiernos renuncien a «duplicidades» que son vistas y defendidas -a veces con ardor digno de mejor causa- como deseables «estructuras de Estado». La cuestión no conduce solo a pronosticar un bajo seguimiento de las propuestas del Gobierno en estas dos comunidades. La dinámica de emulación alimentada por nuestro modelo territorial (el efecto café para todos) dificultará, previsiblemente, que la operación arraigue incluso en regiones donde la ciudadanía podría, en principio, aceptarla con naturalidad.

EL VERDADERO fondo del problema es que CORA se ha pensado como si fuera posible reformar el sistema político-administrativo español omitiendo un hecho que a estas alturas -al menos, desde esta esquina noreste del ruedo ibérico- parece incuestionable: el agotamiento de nuestro modelo de Estado autonómico. O, si lo prefieren con otras palabras: ¿puede prosperar esta reforma administrativa cuando lo que la situación pide a gritos es una reforma constitucional?

Confrontado con una crisis de hondo calado del modelo de articulación territorial del Estado, el Gobierno, sin darse por enterado, se lanza a reformar las administraciones como si tal crisis no existiera. Nos tememos que ese voluntarismo tenga un impacto limitado, lo que será una pena por los componentes positivos de la propuesta, que sin duda los tiene. De los que se echan en falta, como medidas efectivas para profesionalizar la dirección, incentivar la calidad del gasto o flexibilizar el empleo público, mejor hablamos otro día.