Contra Wert, firmeza, unidad y escuela

La mejor forma de defender el modelo educativo catalán es aplicarlo con todas las consecuencias

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Es una muy buena noticia el acuerdo de la representación de los partidos catalanes y del sector de la educación de nuestro país que comparten una posición en torno a laley Wert (LOMCE). Un proyecto de ley que, a pesar de la retórica ampulosa de su presentación, no puede explicarse desde la voluntad de mejora de la calidad de nuestra educación. Fijémonos, para seguir el argumentario del ministro, en los datos PISA comparados Catalunya/España/OCDE: tanto en comprensión lectora como en matemáticas y ciencias, los resultados de Catalunya son superiores a la media española y de la OCDE.

SI EL MINISTRO quiere argumentar sobre resultados, lo tiene mal. No se trata de sentirse orgullosos de los nuestros -tenemos mucho que mejorar-, pero el problema no proviene de que Catalunya tenga demasiadas competencias en educación; más bien al contrario. Y tampoco se puede confundir la posible diversificación curricular al final de la enseñanza secundaria, o el cada vez más necesario avance de la relación individualizada entre formación y trabajo, con la contraproducente segregación por niveles.

Estamos ante un cambio cualitativo respecto del proceso que hemos tenido desde la transición. Treinta años de tolerancia, si se quiere vigilada, pero que nos han permitido construir y afianzar el modelo educativo catalán. Si la sentencia del Estatut del 2010 fue un punto de inflexión negativo respecto de la posible visión federal del Estado, la propuesta de esta ley marca la intención de liquidar cualquier vestigio de aquella propuesta basada en su carácter plurinacional.

La preocupación del Gobierno de Madrid está más centrada en controlar qué se enseña que en mejorar la calidad. Su concepción curricular es explícitamente preconstitucional, es volver al punto cero anterior al primer Estatut y a la atribución de competencias educativas a Catalunya. Por eso es tan importante que haya un acuerdo lo más amplio posible, una propuesta de actuación de país que debe articularse en tres frentes:

- La defensa política en todos los escenarios: Parlament de Catalunya, Congreso y Senado, enmiendas, mociones..., pero también relaciones con instituciones y el mundo educativo de Catalunya y todo el Estado.

- La defensa jurídica desde la fuerza que nos da la plena legalidad de nuestro modelo educativo, consolidado por el Estatut y la ley de educación de Catalunya (LEC): tribunales catalanes y españoles, Tribunal Constitucional, justicia europea.

- Quizá lo más importante, el apoyo activo a las escuelas, los maestros y profesores para afirmar y desarrollar el modelo catalán tal como es y proyectarlo hacia el futuro.

En el convencimiento de que la mejor manera de defender nuestro modelo es seguir aplicándolo con todas las consecuencias, la ley morirá a manos de nuestros maestros y profesores, los directores y las directoras de escuelas e institutos. No podemos permitir que nos arrebaten la riqueza que representa tener una lengua propia, que es la natural de la escuela, y una segunda lengua que compartimos y dominamos. Sobre estas dos lenguas tenemos que construir el modelo trilingüe que ambicionamos.

No queremos perder la capacidad para resolver nuestros problemas desde la proximidad, desde la autonomía de cada centro y de cada equipo docente para adaptar soluciones y proyectos educativos a las circunstancias de cada escuela, barrio o ciudad. Este es un modelo que hemos ido construyendo gradualmente hasta llegar a la aprobación de la LEC, una de las armas de defensa política y jurídica más potentes que tenemos y un ejemplo de transversalidad en los acuerdos políticos de nuestro país en aspectos que consideramos nucleares.

LA LEC consolida el legado de nuestra educación, incorpora lo que está bien asentado de nuestro modelo y, al mismo tiempo, establece los instrumentos de reforma en profundidad para empoderarlo y llevarlo a su máxima expresión. Sin olvidar el carácter de ley de país, gobernable y con margen suficiente para ser gestionada desde diferentes opciones que expresen matices y acentos propios.

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Por todas estas razones, es un grave error plantear ahora la modificación de la LEC. La ley contiene elementos suficientes para gestionar cuestiones como la programación de la oferta educativa o la revisión, la rescisión o la nueva concesión de conciertos educativos. Volver a abrir el debate legislativo es ir contra nosotros mismos, ofrecer un explícito flanco débil a los que nos observan desde Madrid dispuestos a utilizar todos los resquicios en nuestra determinación colectiva. En estos momentos, aún más, cuando la primera exigencia es la de unidad firme en torno a la concepción común del modelo educativo catalán.

'Exconseller' de Educació. El artículo lo suscribe también Francesc Colomé, exsecretario de Polítiques Educatives.